México: Qué debes saber sobre la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos

El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, cuyo objetivo principal es establecer las bases, mecanismos y procesos para simplificar la carga regulatoria en los tres niveles de gobierno y promover la digitalización de casi la totalidad de los trámites administrativos.

Esta ley busca combatir la corrupción, reducir la carga burocrática para personas físicas y morales, y hacer más eficientes los procesos mediante la simplificación, homologación, digitalización y una mayor responsabilidad probatoria por parte del Gobierno.

Antecedentes

La ley surge en respuesta al limitado impacto de la Ley General de Mejora Regulatoria (2018), la cual no logró una implementación uniforme, especialmente en municipios con menores capacidades institucionales y económicas. En consecuencia, se optó por un enfoque más centralizado a través de una nueva legislación con carácter nacional.

Creación de la Agencia de Transformación Digital

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será responsable de desarrollar e implementar un portal único nacional a través del cual se concentrarán los trámites y servicios públicos, facilitando el cumplimiento normativo por parte de la ciudadanía y el sector productivo.

También estará a cargo de coordinar, supervisar y apoyar a las entidades federativas y municipios en la implementación de la ley.

Objetivos centrales

• Reducir requisitos, trámites y tiempos de respuesta.
• Digitalizar la mayoría de los trámites (exceptuando temas fiscales y procedimientos de la SEDENA y SEMAR).
• Garantizar gratuidad, accesibilidad y asistencia técnica para personas en situación de vulnerabilidad.
• Fortalecer las capacidades digitales del Gobierno a través de la formación de servidores públicos.

Principales medidas obligatorias

El Modelo Nacional para Eliminar Trámites establece medidas vinculantes, entre las que destacan:

• Prohibición de requerir documentos ya disponibles en bases de datos gubernamentales.
• Reconocimiento del mismo valor legal a las copias digitales.
• Fusión de trámites relacionados.
• Eliminación de requisitos innecesarios y reducción de plazos.
• Digitalización únicamente posterior a la simplificación del trámite.

Asimismo, se contemplan herramientas como:

• Agenda de simplificación.
• Análisis de impacto regulatorio (ex ante y ex post).
• Registro Nacional de Regulaciones.
• Portal Ciudadano para consulta y seguimiento de trámites.

Modelo Nacional de Digitalización

Este modelo contempla la implementación de una Estrategia Digital Nacional, con énfasis en la articulación tecnológica del sector público a través de:

• El Expediente Digital Ciudadano, como repositorio único por persona.
• La plataforma LlaveMX, como mecanismo de acceso universal a servicios digitales.
• El Repositorio Nacional de Tecnología Pública, para compartir soluciones tecnológicas entre instituciones.

Además, se promueve un Modelo Nacional de Atención Ciudadana con enfoque multicanal, personalizado, gratuito y accesible.

Supervisión y cumplimiento

La ley prevé un sistema de certificaciones como incentivo, así como la creación del Registro Nacional de Visitas Domiciliarias, con el fin de transparentar y controlar las facultades de verificación del Estado.

También se otorgan facultades para evaluar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que incumplan con las obligaciones establecidas.

Disposiciones transitorias relevantes

• Entrada en vigor al día siguiente de su publicación.
• Abrogación de la Ley General de Mejora Regulatoria (2018).
• Extinción de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
• Plazos específicos:
  • 30 días para emitir lineamientos y nombrar enlaces estatales.
  • 90 días para implementar el sistema de atención ciudadana.
  • 180 días para que los estados abroguen leyes locales en la materia.

Consideraciones finales

• La ley centraliza la gestión regulatoria en un solo portal nacional, lo cual puede facilitar el cumplimiento y disminuir espacios de corrupción. Sin embargo, este modelo exige una infraestructura digital robusta y una coordinación intergubernamental eficaz, cuya ausencia podría generar efectos contrarios a los esperados.
• Se prevé una fuerte inversión en capacitación tecnológica para funcionarios públicos, a fin de que puedan generar e implementar soluciones desde lo local. Será clave observar la eficacia del modelo de enlace estatal y municipal, y su capacidad para asumir nuevas cargas regulatorias.
• La ley establece 24 principios rectores para la prestación de servicios públicos, entre los cuales destacan la centralidad en la persona, la confianza ciudadana y la buena fe, así como la interoperabilidad y neutralidad tecnológica. También se priorizan la ciberseguridad, la equivalencia entre formatos físicos y digitales y la transparencia y gratuidad en la atención de trámites, buscando una administración más accesible, eficiente y centrada en el ciudadano.
• Los plazos de implementación son muy ambiciosos frente al nivel actual de digitalización de muchos gobiernos subnacionales, lo que puede representar un riesgo de retrasos o ineficiencias.
• La iniciativa incorpora principios modernos de gobernanza digital y la gratuidad, el reto principal, será la aplicación de ésta sin excluir a los sectores sin acceso garantizado a tecnologías digitales y comunidades históricamente marginadas.
• Uno de los resultados esperados es la creación de un expediente digital único por persona, centralizado en un padrón nacional. La protección de los datos privados y sensibles, también puede ser un gran riesgo y reto para la administración.  

Retos adicionales

• Posibles inexactitudes regulatorias en los primeros años, al intentar homologar trámites con características locales distintas.
• Dificultades en la transición normativa, especialmente para trámites ya vigentes.
• Falta de lineamientos operativos que detallan obligaciones y sanciones, lo que genera incertidumbre jurídica temporal.
• La adaptabilidad de cada autoridad conforme a sus cargas laborales y rezagos institucionales en resolución de trámites.