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“La deducción por I+D+i no está siendo suficientemente aprovechada por las empresas”, asegura Santiago Janer Busquets, asociado principal del departamento de Derecho Tributario de la oficina de Garrigues en Palma. Por su parte, Juan José González, CEO de Innóvalis, compañía dedicada a la gestión de la innovación y al apoyo a las empresas en sus proyectos de I+D+i, considera que “las deducciones fiscales son un derecho que las empresas no optimizan, lo que afecta significativamente a su competitividad”.

Estas declaraciones tuvieron lugar durante una jornada celebrada el pasado 10 de mayo en la sede de la Confederación de Asociaciones de Empresarios de Baleares (CAEB). En su intervención, Janer abordó la actual regulación del sistema español de incentivos fiscales para las actividades de I+D+i que, en su opinión, es “sin duda uno de los más beneficiosos de los países miembros de la OCDE”. Este experto resumió las principales características de los incentivos en vigor, los requisitos para su aplicación y se detuvo a comentar, en especial, la alternativa de monetizar las deducciones que cualquier empresa genere en su Impuesto sobre Sociedades.

Bajo el título ‘Cómo aprovechar al máximo la innovación’, la jornada, a la que fue invitado Santiago Janer como ponente y en la que participó también Aenor, fue organizada por la CAEB y la firma Innóvalis para fomentar la optimización del aprovechamiento por parte de las empresas de los incentivos fiscales en materia de I+D+i.

Sergio Bertrán, secretario general de CAEB, hizo hincapié en que “la actividad en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación se ha convertido en un elemento esencial para el crecimiento económico de cualquier sociedad desarrollada”, subrayando que “este tema es todavía un gran desconocido para gran parte del tejido empresarial a pesar de que contamos con uno de los mejores marcos fiscales en materia de I+D+i de la Unión Europea, alcanzando un retorno de hasta el 59% de los gastos incurridos”.

Por su parte, Gerardo Malvido, gerente de I+D+i de Aenor, destacó que “la certificación permite a las organizaciones acceder con seguridad jurídica, por un lado a las deducciones previstas en el Impuesto sobre Sociedades para I+D+i, pudiendo llegar hasta el 42% de los gastos en esta materia, y, por otro, a la bonificación del 40% sobre las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social que se realizan para el personal dedicado en exclusiva a I+D+i”.