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Castilla-La Mancha ha aprobado la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, cuyo fin es establecer el régimen de evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente en Castilla-La Mancha, garantizando un elevado nivel de protección ambiental que permita promover, a su vez, el desarrollo sostenible.

La norma incorpora criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas, e introduce, en algunos aspectos, un mayor grado de protección del medio ambiente, al extender, por ejemplo, a más categorías de proyectos la obligatoriedad de seguir los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Incluye, además, medidas de evitación, de corrección o de compensación, así como los mecanismos para efectuar el seguimiento de su adecuada implantación.

Entre los aspectos más novedosos, cabe destacar la posible finalización de las evaluaciones ambientales que sean contrarias a disposiciones normativas o por inviabilidad ambiental manifiesta, con el fin de no dilatar procedimientos de evaluación ambiental para los cuales no hay posibilidad de considerar su viabilidad ambiental. Asimismo, incorpora como contenido mínimo de los documentos ambientales y estudios de impacto ambiental el análisis de los impactos ambientales derivados de los proyectos en situaciones de accidentes graves o catástrofes, a la luz de las últimas reformas legislativas a nivel estatal. Además, regula la coordinación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental integrada, así como con los trámites derivados de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, con el fin último de facilitar y agilizar los trámites de evaluación ambiental.

Con esta nueva regulación, unificada en un solo texto normativo, Castilla-La Mancha persigue facilitar a todos sus usuarios la comprensión de los procedimientos de evaluación ambiental, cuyo régimen, hasta la fecha, se repartía entre la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental y el Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de evaluación del impacto ambiental y se adaptaron sus anexos. En todo caso, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, trata de adaptar la normativa autonómica a la ley estatal y a sus últimas modificaciones, derivadas, a su vez, de exigencias comunitarias.