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Es indudable la trascendencia de esta ley para el conjunto del sector empresarial debido al elevado número de empresas de los más diversos sectores que contratan con la Administración. Estos contratos suponen un 20% del PIB y cerca de 200.000 millones de euros.

De los aspectos novedosos que presenta esta norma destacan, entre otros, la nueva tipología (desaparición del contrato de gestión de servicios públicos y del contrato de colaboración público-privada y creación del contrato de concesión de servicios), los cambios en los procedimientos de selección y adjudicación (eliminación del contrato negociado sin publicidad por razón de la cuantía), las medidas dirigidas a dotar de una mayor publicidad a las licitaciones y a simplificar su tramitación, las soluciones para abrir la concurrencia a las PYMES (fraccionamiento en lotes) o la importancia de la valoración conjunta de elementos económicos y cualitativos en la adjudicación. Cobran también especial relevancia las medidas enfocadas a restringir la contratación menor.

Con la intención de analizar las características más relevantes del texto y su repercusión práctica, Garrigues y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) colaboran en la organización de una serie de jornadas bajo el título “La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Implicaciones para las empresas”. A las sesiones ya celebradas en Galicia, Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha, se suma la que tendrá lugar el próximo 27 de febrero en el Auditorio de Garrigues en Madrid.