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La inminente llegada de las ayudas del plan de recuperación europeo Next Generation EU exige analizar con cuidado todas las cuestiones jurídicas que pueda suscitar la concesión de los fondos. Y una de las cuestiones clave a tener en cuenta dentro del mapa de riesgos legales es la normativa relativa a las ayudas de Estado, que se aplica a las ayudas concedidas por los Estados miembros con fondos de la Unión Europea (UE) de la misma manera que a otros fondos nacionales. Obviar esta regulación puede acarrear un riesgo de reclamación de devolución de los importes concedidos.

Así lo expusieron José Luis Buendía, socio director de la oficina de Garrigues en Bruselas, y Alfonso Lamadrid, socio del despacho en la capital europea, en una jornada organizada por FOES (Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas) y las CEOEs de Teruel, Cuenca y Cantabria, en la que se subrayó la importancia de hacerlo todo bien desde el principio. Los dos expertos explicaron que la normativa de ayudas de Estado es compleja y advirtieron a los más de 80 empresarios y autónomos que asistieron al encuentro que las eventuales consecuencias negativas por incumplimiento recaerían, principalmente, sobre las empresas beneficiarias. Por ello, resulta vital asesorarse y velar desde el principio por un correcto planteamiento de los proyectos, sin dejar estas cuestiones únicamente en manos de la Administración.

Regulación sobre ayudas de Estado

El artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) considera “incompatibles con el mercado interior” (…) “las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”. Y la concesión de los fondos Next Generation EU no es ajena a esta regulación. Es más, el propio Reglamento europeo 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, señala, en su considerando 8, que “las inversiones privadas también podrían incentivarse a través de programas de inversión pública (…) siempre que se respeten las normas en materia de ayudas estatales”.

Por ello, las empresas deben estar atentas y asegurarse de que las ayudas que les son concedidas cumplen con los requisitos establecidos por esta normativa y que la Administración ha cumplido con el trámite de notificación a la Comisión Europea cuando sea preceptivo.

Unos plazos muy ajustados

El procedimiento en relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado es complejo: el proyecto debe ser presentado a tiempo, tiene que ser aprobado por la Comisión Europea y es necesario monitorear el cumplimiento de objetivos.

Además, no hay que perder de vista que la ejecución del Plan Nacional de Recuperación (PNR) está sometida a unos plazos muy ajustados: el 31 de diciembre de 2026 tendrán que haberse realizado los hitos y objetivos, y las inversiones, de los Estados miembros.

Consecuencias del incumplimiento

Si no se sigue el procedimiento correctamente y no se asegura que los criterios se cumplen desde el principio, los operadores económicos podrían verse obligados a devolver el importe de las ayudas recibidas de los Estados miembros. Se produciría lo que los expertos de Garrigues denominaron un efecto yoyó:

• El Estado miembro tiene que devolver la ayuda a la Comisión Europea.
• El Estado miembro exige al beneficiario que le devuelva la ayuda.