COP25: Una cumbre latinoamericana… pero en Madrid

Chile

Según la CMNUCC, Chile es un país en desarrollo vulnerable al cambio climático. Por ello, el país ha participado en discusiones y procesos internacionales sobre el cambio climático, ya desde la ratificación de la CMNUCC en 1994 y del Protocolo de Kioto en 2002, y que alcanzará un nuevo hito con la presidencia de la COP25. En efecto, Chile ha sido un activo participante en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, contando, a la fecha, con 100 proyectos registrados y 29 millones de toneladas de CO2 reducidas (créditos de carbono emitidos). Además, en el Acuerdo de París (2015), Chile comprometió reducir un 30% sus emisiones hacia 2030, impulsando energías limpias, en especial, de fuentes renovables.

Desde otra dimensión, el país ha fortalecido la institucionalidad y normativa ambiental, por ejemplo, con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y de Tribunales Ambientales; implementando diversos impuestos verdes, un sistema de evaluación ambiental de proyectos y una nueva normativa marco de fomento al reciclaje. Además, se encuentra en proceso el anteproyecto de una Ley de Cambio Climático, en la que no sólo se busca incluir medidas de mitigación sino también de adaptación, y en la que se establecería como meta la neutralidad de carbono para el año 2050.

En virtud de lo anterior, cobran especial relevancia para Chile los acuerdos a que se llegue en la COP25, especialmente en lo relacionado con los mecanismos de mercado o de flexibilidad orientados a potenciar la cooperación voluntaria entre los países en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero (artículo 6 del Acuerdo de París). Lo anterior, porque estos mecanismos pueden desempeñar un rol catalizador en la acción climática nacional, generando incentivos en la inversión al proporcionarse una señal de precio del carbono al sector privado, lo cual es clave para internalizar y enfrentar los riesgos actuales y futuros del cambio climático.

Colombia

Colombia, como Estado parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también llamado Acuerdo de París, ha venido trabajando en la lucha contra la deforestación, logrando la reducción de este fenómeno un 10% durante 2018 en comparación con 2017.

Colombia espera demostrar que es posible reducir los efectos del cambio climático sin perder el crecimiento de la competitividad de los países. De acuerdo con la Política del Ministerio de Ambiente de Colombia, el uso eficiente de recursos naturales va acompañado de un crecimiento económico, lo propio planea demostrarse a través de la implementación de la denominada Estrategia Nacional de Economía Circular, la cual implica la transformación de procesos tradicionales de sistemas de producción y hábitos del consumidor, para generación de beneficios ambientales, económicos y sociales, a través de la promoción de la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, valoración de la capacidad de recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los flujos de materiales.

Con base en la Estrategia Nacional de Economía Circular, Colombia tiene las siguientes metas: (i) aumentar a 17% la tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos 2030; (ii) reducir de 29 a 20 el número de puntos de monitoreo con Índice de Calidad de Agua malo; y (iii) reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 36 millones de tCO₂eq.

De igual forma, Colombia ha ratificado su compromiso con la Coalición de Transición Energética, una iniciativa regional que busca alcanzar al menos un 70% de capacidad instalada de energías renovables para la producción de energía eléctrica en América Latina y el Caribe para el año 2030.

Perú

De acuerdo a la información pública revisada, en la COP25 de Madrid, el Perú espera poder exponer los avances logrados al noveno año de su Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021. En dicho plan se plantearon acciones estratégicas y actividades que vienen ejecutando las entidades responsables en colaboración con la sociedad, para poder cumplir —en 2021— metas como la reducción del 47,5% de emisiones de gases efecto invernadero en el país, o lograr que el 100% de las grandes y medianas empresas mineras y energéticas mejoren su desempeño ambiental, entre otras, que ayudarán a solucionar los principales problemas ambientales y, así, conseguir mejorar la calidad de vida de las personas a través de un desarrollo sostenible.

Asimismo, la delegación peruana buscará presentar la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, una propuesta innovadora en materia de conservación marina –uno de los principales temas de esta Cumbre-, puesto que protegerá una cadena de 93 montes submarinos con una extensión de 5.200 km² en el mar peruano y ayudará al país a pasar del 0,5% al 7% del total del mar protegido por el Estado, acercándose mucho más a la meta del 10% fijada por el país ante la Organización de las Naciones Unidas.

En materia normativa, el país tuvo un primer avance luego de que se emitiera la Ley Marco sobre Cambio Climático en el 2018, cuyo reglamento, según cálculos del Ministerio del Ambiente, será aprobado en el último trimestre de este año, al culminar el espacio de participación indígena que promueve el Ministerio del Ambiente para el proceso de reglamentación. Por otro lado, en julio de este año, se aprobó el nuevo Reglamento de Protección Ambiental en Actividades Eléctricas, que busca promover y regular la gestión ambiental de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, con el objetivo de reducir los impactos ambientales negativos producto de tales actividades.

Brasil

Los incendios acaecidos en la Amazonia a lo largo del 2019 han sido una de las cuestiones medioambientales que más ha preocupado al conjunto de la comunidad internacional, que ha solicitado a Brasil la presentación de un plan que concrete su compromiso para afrontar el cambio climático. El gran reto de Brasil para la COP25 será recuperar su posición destacada como país con gran potencial para atraer inversiones, medioambientalmente sostenibles, en sectores como el agropecuario, tecnológico, industrial y de energías renovables.

En lo que al negocio agropecuario se refiere, es importante reseñar que casi la mitad de las exportaciones de todo el gigante sudamericano y aproximadamente el 21% de su PIB corresponden al agro-negocio, lo que obliga a Brasil a presentar en la COP25 datos que muestren la sostenibilidad de este sector, como el uso de tecnologías de baja emisión de carbono y el cumplimiento de la legislación forestal. En este sentido, el propio sector viene demandando al Gobierno brasileño que se asuman compromisos ambientales a fin de no perjudicar su posición de liderazgo en el mercado internacional.

México

El Gobierno de México participará en las negociaciones que se llevarán a cabo durante la COP25 en Madrid, donde buscará avanzar en su agenda multilateral y reafirmar su liderazgo regional en el combate al cambio climático. Como parte de los compromisos asumidos por México, se contempla la revisión y actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en el marco de la Ley General de Cambio Climático. De acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por virtud del Acuerdo de París, México deberá reducir de manera no condicionada un 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y un 51% de sus emisiones de carbono negro al año 2030, con respecto a la línea base. México se encuentra actualmente en el proceso de revisión de su NDC a fin de presentar un documento actualizado en 2020.

En el marco de la COP 25, el principal objetivo del Gobierno de México es fortalecer el régimen climático internacional con la finalización de los temas pendientes del Programa de Trabajo del Acuerdo de París (PAWP).

A nivel nacional, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) recientemente echó a andar un programa de prueba, sin efectos económicos para los participantes, del sistema de comercio de emisiones. Para el cumplimiento de las metas nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la Ley General de Cambio Climático de México prevé el establecimiento, de forma progresiva y gradual, de un sistema de reducción de emisiones, el cual se desarrollará en dos fases: una fase inicial, consistente en el programa de prueba del sistema de comercio de emisiones, y una fase operativa que entrará en vigor al término de la etapa de transición del programa de prueba. El programa de prueba tendrá una vigencia de 36 meses contados a partir del 1 de enero del 2020 y será aplicable a las instalaciones que realicen actividades de los sectores de energía e industria cuyas emisiones anuales hayan sido iguales o mayores a 100,000 toneladas de emisiones directas de bióxido de carbono en cualquiera de los años 2016, 2017, 2018 o 2019.

Por parte del sector energía, estarán sujetos al cumplimiento del acuerdo los subsectores explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos, así como la generación, transmisión y distribución de electricidad. En el caso del sector industrial, estarán sujetos al acuerdo los subsectores automotriz, cementera y calera, química, alimentos y bebidas, vidrio, siderúrgica, metalúrgica, minera, petroquímica, y celulosa y papel, entre otros. El programa de prueba se dividirá en dos etapas: la fase piloto, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021, y la fase de transición del programa de prueba hacia la fase operativa, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Previo al inicio de vigencia del programa de prueba, SEMARNAT publicará la cantidad máxima de derechos de emisión que expedirá anualmente durante el programa de prueba, así como la cantidad de derechos de emisión que serán asignados gratuitamente a cada participante para los tres periodos de cumplimiento. Los derechos de emisión asignados gratuitamente serán depositados anualmente en las cuentas de los participantes en el Sistema de Seguimiento, a más tardar el 24 de octubre, a partir del año 2020.