La CNMV constata un cumplimiento satisfactorio en sostenibilidad en la gestión de activos, pero pide más transparencia ESG
El supervisor español publica las conclusiones de la revisión europea de ESMA, que destaca avances en la integración de los riesgos de sostenibilidad, si bien identifica áreas de mejora en divulgación y control interno.
El 13 de octubre de 2025 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido las principales conclusiones de la Common Supervisory Action (CSA) sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad y la divulgación de información ESG en el sector de gestión de activos. La actuación, en la que han participado la European Securities Markets Authority (ESMA) y diversas autoridades nacionales competentes, ha evaluado el cumplimiento de SFDR, el Reglamento de Taxonomía y los marcos normativos UCITS y AIFMD en materia de integración de riesgos de sostenibilidad.
Cumplimiento general satisfactorio, con áreas de mejora relevantes
El ejercicio constata un cumplimiento, en términos generales, satisfactorio dadas la novedad y reciente adopción del marco regulatorio. No obstante, se identifican vulnerabilidades significativas tanto en la integración del riesgo de sostenibilidad como en las prácticas de divulgación.
Entre los principales hallazgos figuran el uso de lenguaje excesivamente general o vago, la presencia de información incompleta y diversas inconsistencias entre documentación precontractual, información periódica y materiales de marketing. Asimismo, se han observado incidencias en la información relativa a los indicadores de Principales Incidencias Adversas (PIAs), incluyendo la ausencia de ciertos indicadores obligatorios, así como carencias metodológicas y de datos para medir la alineación con los objetivos del Acuerdo de París.
En relación con la gestión del riesgo de sostenibilidad, el informe destaca la falta de procedimientos documentados y de mecanismos de resolución en caso de incumplimientos. Adicionalmente, algunas sociedades gestoras presentan recursos internos dedicados a sostenibilidad insuficientes, ausencia de criterios e indicadores para alinear las políticas retributivas con la integración del riesgo ESG y deficiencias en los controles para verificar que las estrategias se sustentan en datos y métricas adecuados. Además, se subraya que la definición de “inversión sostenible” del SFDR permite una determinación discrecional que conduce a estrategias no comparables; la futura categorización de productos podría mitigar esta limitación.
Doce recomendaciones para reforzar la supervisión y la transparencia
El informe recoge doce recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y participantes del mercado.
Entre las prioridades, se insta a: implementar políticas y procedimientos robustos de integración de riesgos de sostenibilidad; dotarse y retener personal con competencias acreditadas en ESG y formación regular; reforzar las métricas y metodologías (incluidas puntuaciones de riesgo); asegurar el cumplimiento de los PIAs conforme al Reglamento Delegado de SFDR; y desarrollar herramientas de supervisión para verificar la coherencia entre divulgaciones y las inversiones efectivamente realizadas.
En materia de divulgación, se enfatiza que la información en sitios web y documentación de producto debe ser accesible, justa, clara y no engañosa, evitando jerga técnica. Las autoridades nacionales deberán seguir cuestionando la idoneidad de las denominaciones de los fondos conforme a las Directrices de ESMA sobre nombres ESG, vigilar las afirmaciones sobre “inversiones sostenibles” a la luz del principio “Do Not Significant Harm” (DNSH) y evitar referencias genéricas a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que no acrediten contribuciones concretas.
ESMA reconoce la preferencia de muchas autoridades nacionales por medidas de supervisión reforzadas frente a acciones de ejecución, si bien recuerda la importancia de utilizar todas las herramientas previstas en el marco jurídico. La CNMV continuará su labor supervisora en materia de sostenibilidad, en coordinación con ESMA y el resto de las autoridades nacionales, teniendo en cuenta estas recomendaciones para promover un mercado más transparente, coherente y resistente al greenwashing.
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