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Recientemente ha sido aprobada la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. Una de las principales finalidades de esta nueva regulación es alcanzar la máxima autosuficiencia energética, entendida como la capacidad de generar en el territorio de las Islas Baleares la mayor parte de la energía que se consume, preservando, a su vez, la interconexión eléctrica entre las islas y la península e impulsando el incremento de la capacidad de integración de las energías renovables en la red eléctrica.

Además, se crean organismos para la gobernanza de la política climática tales como la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, cuya función será definir y coordinar los objetivos y las líneas de actuación en esta materia, o el Consejo Balear del Clima, como órgano de consulta y de participación de la sociedad. De entre estos organismos de nueva creación, destaca especialmente el Instituto Balear de la Energía, una entidad pública empresarial capaz de llevar a cabo la política energética de forma activa.

Como principal herramienta planificadora se configura el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, cuyas determinaciones serán vinculantes, fijando objetivos de reducción de emisiones y de consumo de energía primaria y objetivos de utilización de energías renovables. Se crea, además, el Registro balear de huella de carbono y se establecen determinadas obligaciones para las grandes y medianas empresas que desarrollen total o parcialmente su actividad en ese territorio insular en relación con las emisiones de carbono.

Esta nueva regulación prevé también medidas de sensibilización y ejemplificación, entre otras, en el campo de la contratación pública, la formación, el empleo, la investigación y la información de los consumidores y usuarios.