Se aprueba la factura electrónica obligatoria entre empresarios

En el BOE de 31 de marzo se ha publicado el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, por el que se desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, y por el que se modifica el reglamento que regula las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

Salvo determinadas excepciones, la norma obliga con carácter general a expedir factura en formato electrónico a todos los empresarios y profesionales obligados a expedir facturas conforme al Reglamento de facturación cuando el destinatario de la factura sea un empresario o profesional con sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual en España. A estos efectos, se establece que los empresarios puedan optar por dos vías para el intercambio de facturas electrónicas, que configuran el denominado “sistema español de factura electrónica”: (i) plataformas privadas de intercambio de facturas electrónicas, o (ii) la solución pública de facturación electrónica, gestionada por la AEAT.

Las obligaciones principales derivadas de la norma incluyen:

• La emisión y recepción electrónica de las facturas a través del sistema español de factura electrónica.
• La remisión de una copia fiel de la factura a la solución pública por las plataformas privadas que no utilicen dicha solución pública.
• La información al emisor sobre los estados de la factura (aceptación o rechazo comercial y pago efectivo) por parte de los destinatarios en un plazo máximo de 4 días naturales (excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales).
• La comunicación obligatoria del pago efectivo completo a la solución pública.

Además, la norma establece los requisitos técnicos y de interoperabilidad que deben tener las facturas electrónicas.

La norma entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, pero su aplicación efectiva se difiere a los siguientes plazos desde la entrada en vigor de la orden ministerial que desarrolle la solución pública: 

• 12 meses para empresarios y profesionales con volumen de operaciones superior a 8 millones de euros.
• 24 meses para el resto de empresarios y profesionales.