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De esta información, destaca, dentro de su labor supervisora, un menor número de inspecciones realizadas (caen un 10%), pero se incrementan las inspecciones a sujetos obligados inmobiliarios, a despachos de abogados y asesores fiscales y contables. En su función como UIF se incrementan notablemente las comunicaciones de operaciones por indicio, (siendo los bancos los sujetos obligados con mayor actividad), así como las solicitudes de información de autoridades nacionales.

Las inspecciones a entidades inmobiliarias, abogados, auditores, contables, y asesores fiscales, las más numerosas

Durante 2020, el Sepblac ha realizado 13 inspecciones a inmobiliarias, 10 inspecciones a abogados y el mismo número al grupo constituido por auditores, contables y asesores fiscales. En estos casos se observa un incremento significativo respecto de las inspecciones realizadas el año previo y, por tanto, una creciente vigilancia del organismo regulador a estos operadores en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). La mayor atención prestada a este grupo de sujetos obligados se produce en detrimento de las inspecciones llevadas a cabo a entidades de pago, que en los dos años anteriores acumulaban 87 inspecciones.

Igualmente, destaca el considerable incremento de actuaciones supervisoras específicas sobre obligaciones concretas (procedimientos, órgano de control interno, representante ante el Sepblac, formación, etc.) en materia de PBC/FT.

Entre estas acciones supervisoras específicas se podría encontrar la petición de información recogida en el cuestionario remitido a las entidades de crédito en julio de 2020. Este cuestionario fue contestado por casi 190 entidades.

Las comunicaciones de operaciones por indicio enviadas al Sepblac se incrementan en un 70,49% respecto a 2019

El número total de comunicaciones de operaciones por indicio ha aumentado hasta las 12.401, lo que constituye un incremento interanual del 70%. La mayoría se produjeron por comunicaciones llevadas a cabo por los propios sujetos obligados (12.100). Esto demuestra el importante esfuerzo realizado por estos operadores para cumplir con las disposiciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo.

Por segmentos, las comunicaciones por indicio de sujetos obligados financieros volvieron a ser las más numerosas: 10.550. Y, dentro de ellas, las llevadas a cabo por bancos, responsables de 7.293 de esas comunicaciones. Esto supone un incremento del 54% respecto al ejercicio 2019, y consolida una tendencia creciente en los últimos años.

Destacan asimismo las comunicaciones remitidas por sucursales de entidades de crédito, tanto comunitarias (que crecieron un 366%, hasta las 1.555) como extracomunitarias (incrementándose en un 1.500%, hasta las 16), las de entidades de dinero electrónico (con un incremento del 326%, llegando a 290) y las llevadas a cabo por entidades de pago (aumentando un 26% hasta situarse en 745).

En cuanto a los sujetos obligados no financieros, las comunicaciones realizadas por notarios y registradores volvieron a ser las más numerosas: 962; lo que consolida su relevante papel en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo. Las realizadas por abogados se incrementaron un 36%, llegando a las 30; mientras que las de auditores, contables y/o asesores fiscales lo hicieron en un 230%, alcanzando las 33 y superando a los anteriores.

Respecto al destino de estas comunicaciones por indicio, la mayoría fueron remitidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 4.569 se enviaron a la Policía Nacional, y 3.755 a la Guardia Civil. A cierta distancia, le siguen las que fueron comunicadas a organismos dependientes de la AEAT, como la ONIF o el Departamento de Aduanas (1.781 en total).

Los datos sobre la elaboración de informes preceptivos denotan una ralentización en la creación de entidades financieras y en las modificaciones estructurales de sociedades reguladas

Los informes preceptivos sobre creación de entidades financieras se redujeron un 40% durante el pasado ejercicio. De esta forma, pasaron de los 203 elaborados durante 2019, a solo 122 durante el año 2020. El 64% de estos informes corresponde a creaciones de entidades supervisadas por el Banco de España y el 35% a entidades de valores. En lo relativo a los informes preceptivos sobre modificaciones estructurales, la ralentización ha sido algo menor: cayeron un 33%, hasta los 14. Todo ello pone de relieve una cierta desaceleración de la actividad societaria de los sujetos obligados durante 2020, probablemente motivado por los efectos de la pandemia.