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El paquete de nuevas medidas consta de cuatro propuestas de la Comisión:

• Reglamento de creación de una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA). Se encargará de fijar estándares comunes en el ámbito europeo, y supervisar a entidades financieras que actúen en varios países de la UE. Esta nueva autoridad tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
  • Coordinación y supervisión de las autoridades nacionales con la finalidad de alcanzar un estándar elevado de supervisión que garantice la aplicación correcta y coherente de las normas de la UE.
  • Supervisión directa de algunas de las entidades financieras que operan en un gran número de Estados miembros o que implican un elevado riesgo.
  • Promoción de la cooperación entre las unidades nacionales de información financiera, facilitando la comunicación y los análisis conjuntos entre ellas, a fin de detectar mejor los flujos ilícitos de carácter transfronterizo.
• Reglamento que armonizará como código normativo único las normas europeas de PBC/FT, a través de normas directamente aplicables, definiendo una lista única de sujetos obligados para todos los países miembros, y proponiendo normas  homogéneas de medidas de debida diligencia aplicables al cliente y al titular real. También incluye el establecimiento de un límite en toda la UE de 10.000 euros para pagos en efectivo.
• VI Directiva que sustituirá a la actual Directiva (UE) 2015/849 (IV Directiva sobre blanqueo de capitales, modificada por la V Directiva), que contiene disposiciones que se incorporarán a la legislación nacional, como las normas relativas a los supervisores nacionales y las unidades de inteligencia financiera de los Estados miembros.
• Revisión del Reglamento 2015/847/UE, aprobado en 2015, relativo a las transferencias de fondos en relación con las operaciones de criptoactivos, que permitirá su rastreo.

Estas propuestas ayudarán a crear un marco normativo mucho más coherente para facilitar el cumplimiento de las normas de PBC/FT, especialmente para aquellos sujetos obligados que operan en varios Estados miembros.

Este paquete legislativo será debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo, esperándose un proceso legislativo rápido. La futura Autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales se creará en 2023 pero no estará plenamente operativa hasta 2026.