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Ambas iniciativas buscan tanto la disminución de los tiempos asociados a la aprobación de proyectos de inversión actualmente en trámite por parte de organismos públicos, como promover la certeza jurídica de los criterios de la autoridad en su evaluación de esos proyectos.

1. Agenda Pro-inversión

El Proyecto de Ley contiene medidas que buscan destrabar y agilizar la aprobación de autoridades públicas a grandes proyectos de inversión. Estas medidas tendrán incidencia tanto en actuales proyectos en trámite (que alcanzarían los 203 casos), como respecto de nuevas inversiones en Chile, todo a través de modificaciones a legislaciones de diversas materias.

Dentro de las medidas más importantes contenidas en el Proyecto de Ley se encuentran las siguientes:

1. Permitir que se constituyan gravámenes sobre los derechos de concesiones marítimas, lo que facilitaría la obtención de financiamiento de futuros proyectos por parte de diversas entidades.  

2. Regulación de la suspensión provisoria de obra nueva, ya que muchas veces se paralizan proyectos por demandas infundadas.

3. Permitir que revisores independientes también puedan realizar inspecciones a las obras de los proyectos, supliendo así la intervención tardía de entidades públicas.

4. Permitir que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre los tipos de fuentes de contaminación, para aplicar las medidas de mitigación que sean atingentes. De esta manera, aquellos proyectos que no tienen elevados índices de contaminación podrán ser aprobados de manera más expedita que aquellos que sí los tengan. Lo anterior, haciendo más eficiente y simple el proceso de implementación de medidas de mitigación.

5. Crear un procedimiento administrativo que permita a los interesados requerir y obtener un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente respecto de la pertinencia de someter un proyecto a evaluación ambiental.

6. Centralizar la obtención de permisos sectoriales en el Servicio de Evaluación Ambiental, evitando la obtención de permisos ante distintos organismos, de manera de salvar contradicciones y dilaciones en los respectivos procesos.

7. Facultar al Servicio de Evaluación Ambiental para omitir el pronunciamiento de diversos servicios, cuando éstos carezcan de fundamentos o se encuentren fuera de la órbita de sus competencias.

8. Implementación de mayor tecnología en diversos procedimientos, tales como la posibilidad de efectuar trámites electrónicos ante la Dirección de Obras Municipales; la creación de una plataforma digital que tramite todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamientos de agua; y permitir que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantenga actualizado el Catastro de Concesiones Mineras a través de las publicaciones de los Boletines Oficiales de Minería.

2. Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

La OGPS se crea para fortalecer la institucionalidad en materias pro-inversión y tendrá como principal función la coordinación entre los distintos organismos del Estado y la agilización del proceso de autorización de los proyectos en Chile, asegurando así el cumplimiento de los plazos contemplados en el procedimiento y la transparencia en el proceso de otorgamiento de los permisos y licencias. La primera función que tendrá la OGPS será agilizar la aprobación de  los proyectos actualmente en trámite y que están a la espera de sus respectivas aprobaciones por parte de la autoridad. La OGPS mantiene un catastro de proyectos de inversión en su web.