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El pasado 11 de septiembre entraron en vigor las nuevas normas europeas comunes en el ámbito de la aviación civil (Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018[1])  que modifican la anterior normativa en la materia y, en particular, actualizan el marco jurídico de los drones de uso civil en un momento en que el mercado de drones europeo se está desarrollando a una gran velocidad.

Los usos civiles permitidos van desde las actividades y labores de vigilancia, hasta la fotografía, o la inspección de instalaciones e infraestructuras, tuberías y cables de energía. Se están empleando en tareas de fumigación de cultivos, búsqueda y rescate, control de fronteras y vigilancia de incendios forestales, así como vigilancia geoespacial y de áreas amplias. En centros logísticos y en el interior de instalaciones, se están empleando en tareas logísticas y de control de inventarios, así como en tareas para las que se requiere acceder a lugares de difícil acceso, como al interior de tanques de buques, o chimeneas y cisternas en industrias. 

El Reglamento establece una serie de normas comunes y homogéneas para toda la Unión Europea que tratan de dar claridad y coherencia y se aplican a los drones de todos los tamaños, no sólo a los más grandes. Se ha puesto especialmente el acento en el control de los riesgos que puedan representar las aeronaves no tripuladas para la seguridad operativa, la privacidad, la protección de datos personales, la seguridad en general o el medio ambiente.

Se han establecido alturas y distancias máximas por cuestiones de seguridad y a fin de evitar que se ponga en peligro el espacio aéreo y los usuarios de dicho espacio, así como las propias personas que puedan estar cerca de su radio de vuelo o ante posibles caídas.

Sigue prohibido o restringido el uso de drones y su acceso a determinadas áreas y zonas geográficas específicas y sensibles para evitar que se interfiera con el vuelo de aviones en aeropuertos, o puedan acceder a áreas sensibles desde un punto de seguridad nacional como embajadas, prisiones y plantas nucleares o de hidrocarburos.

También se ha establecido la obligación de registrar aquellos drones cuyo impacto en caso de caída pueda causar daños o lesiones a personas o peatones. Por tanto, los drones que transfieran más de 80 julios de energía cinética en el momento del impacto deberán estar necesariamente registrados en registros digitalizados, armonizados e interoperables, de modo que su identificación y la de su operador será más sencilla y rápida.

También se han establecido normas comunes para el diseño de los mismos, para minimizar el ruido y la contaminación aérea.

Es tarea ahora de la Comisión desarrollar las anteriores reglas comunes y el marco legal homogéneo, ante el reto que supone la rápida evolución y crecimiento de los drones y su amplia utilización de las aeronaves no tripuladas (UAS).