Publicaciones

La citada norma pretende la implantación de un modelo de gestión de la Administración Local por resultados y con la máxima transparencia, ajustando la misma a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que vienen recogidos en el artículo 135 de la Constitución Española.

A este respecto, la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local tiene por objeto:

• Clarificar las competencias municipales, para evitar duplicidades, bajo el principio “Una Administración, una competencia”. En particular, la reforma define y concreta de forma precisa las competencias que deben ser asumidas por la Administración Local. A este respecto, las competencias de educación y sanidad serán exclusivas de las Comunidades Autónomas.
• Racionalizar la estructura de la Administración Local, mediante el sometimiento de los servicios municipales a un proceso de evaluación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
• Garantizar un control económico-financiero riguroso, reforzando la función interventora en las entidades locales y habilitando al Gobierno para establecer procedimientos de control.
• Implantación de medidas de ahorro y transparencia en la gestión política, estableciendo límites anuales en los Presupuestos Generales de las retribuciones que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales.

En definitiva, la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local estará inspirada en los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia, y, con la misma, se persigue conseguir una Administración Local moderna y eficiente en la gestión de sus recursos económicos.