¿Medidas legales o más educación contra las 'fake news'?

En Europa esta batalla la lidera Emmanuel Macron, quien se atrevió a manifestar en su discurso de Año Nuevo a los periodistas que prohibiría las fake news. La finalidad es proteger a la democracia de las incursiones de intereses espurios que pretenden desestabilizar los Estados de Derecho. La pregunta es inevitable: ¿son las medidas legales el mejor método para luchar contra ellas poniendo en riesgo la libertad de expresión o existen métodos mas eficaces?

Macron tiene especial interés en perseguir legalmente las fake news porque las ha sufrido en sus propias carnes, al publicarse durante las últimas elecciones francesas que tenía una cuenta no declarada en las Bahamas o que había mantenido una relación homosexual con un directivo de la televisión pública. Alemania también está adoptando medidas legales para poner coto a los discursos de odio y a las fake news.

España se ha visto también envuelta en el torbellino de las fake news en el marco del referéndum ilegal del 1 de octubre y las últimas elecciones catalanas (la envergadura del ataque es tal que ha motivado una investigación por parte de la Unión Europea y del Congreso de EE.UU.). La nueva Estrategia de Seguridad Nacional incluirá por primera vez las campañas de desinformación y se creará un grupo de trabajo en la Comisión de Defensa del Congreso. Dado el interés general y la sensibilidad despertada por las fake news, el gobierno ha manifestado que se mantendrá al margen de esta comisión para que no sea percibida como partidista. El objetivo es propiciar el máximo consenso posible y que intervengan también los agentes del sector privado afectados, como son las redes sociales o los propios medios de comunicación.

Las iniciativas legales que se están barajando por los distintos países incluyen una mayor transparencia en la identificación del contenido patrocinado; información sobre la financiación y limitación de la inversión económica en determinadas webs; mayor transparencia por parte de las redes sociales; obligación de las redes sociales y de las plataformas de Internet de retirar contenido ilícito en plazos más reducidos que pueden llegar a 24 horas.

En paralelo, varias redes sociales han adoptado voluntariamente medidas contra este fenómeno, por ejemplo, programando herramientas y algoritmos que asfixian a los bots que difunden noticias falsas y minimizan la presencia y relevancia de las páginas de spam/scam. Por otro lado, algunas redes sociales han establecido herramientas que permiten al usuario señalar una noticia como falsa. Si dicha noticia es marcada por un número de usuarios suficiente, será remitida a una coalición de fact-checkers (verificadores de hechos) que se encargarán de contrastar su contenido e identificarán la noticia como cuestionada. Esta identificación puede implicar que si un medio se hace eco de dicha noticia, no estaría cumpliendo con su deber de diligencia, al no tratarse de una fuente solvente.

La creación de bulos con la finalidad de cambiar el sentir de la población no es algo nuevo y será difícil erradicarlo. La única diferencia respecto del pasado es que las tecnologías actuales han multiplicado la rapidez y dimensión de su difusión. Ahora bien, con independencia de la tecnología utilizada, no siempre es fácil discernir entre la verdad y la mentira. ¿Cómo y quién va a decidir que el contenido de la noticia es falso? Estos últimos años se han publicado noticias que pocos considerarían veraces y ponen de manifiesto que la realidad supera a la ficción. Como dijo, François Mauriac "la calumnia siempre es sencilla y verosímil. Y en esto se diferencia muchas veces de la verdad".

El principal problema reside en las noticias falsas que proceden de las propias agencias de inteligencia, lo que dificulta la acción de los tribunales nacionales y nos conduce a terrenos vidriosos, más relacionados con el espionaje de Estado y la política internacional.

Nadie discute la gravedad de los efectos de las fake news en la democracia, pero cualquier medida legal debe valorar con extrema cautela su impacto en la libertad de expresión y en el derecho a la información. Es peligroso que bajo el parapeto de proteger a la democracia se adopten medidas legales que puedan cercenar injustificadamente el derecho a la información y la libertad de expresión, que son pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho.

Tampoco puede imponerse a las redes sociales una suerte de culpa in vigilando porque ello iría contra de la propia esencia de Internet e, incluso, de la Directiva de Comercio Electrónico que prohíbe expresamente a los Estados de la Unión Europea imponer medidas de control o de supervisión a los intermediarios de servicios de la sociedad de la información, categoría jurídica en la que se incluyen las redes sociales.

Un riesgo de las medidas legales desproporcionadas es el llamado chilling effect, los intermediarios de servicios de Internet pueden tender a retirar contenidos en exceso ante el riesgo de graves sanciones y con ello afectar al derecho a la información y la libertad de expresión.

Como puso de manifiesto el diario Le Monde a propósito de las iniciativas legales de Macron, para muchos expertos la lucha contra la desinformación pasa por la educación y la defensa de los modelos económicos de los medios de comunicación y no por medidas legales.