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La noción de fraude alimentario forma parte de la realidad de los consumidores a raíz de los diferentes escándalos producidos dentro del mercado europeo, como sería el fraude de la carne de caballo. En España, el reciente escándalo de la listeriosis no hace más que recordarnos los riesgos penales a los que se enfrentan las empresas del sector agroalimentario.

Tanto administradores como directivos o la propia empresa pueden ser imputados por delitos contra la salud pública, en su vertiente alimentaria, o delitos de lesiones u homicidios imprudentes, en el caso de que se constate que se han introducido en el mercado alimentos que no estuvieran en condiciones óptimas de comercialización, incluso cuando no se ha tenido intención de causar ningún perjuicio a la salud pública de las personas.

Y ello por cuanto, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, no solo la persona física o autor material de estos delitos puede ser penalmente responsable, sino que además también puede serlo la propia persona jurídica de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal. En consecuencia, las empresas productoras, distribuidoras o comercializadoras podrán ser consideradas autoras del delito, podrán ser condenadas a una pena de multa, y el juez les podrá imponer, además, otras recogidas en el Código Penal como la suspensión de las actividades, la clausura de locales o establecimientos, la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, etc.

La responsabilidad atribuida en esta norma puede verse atemperada si los operadores alimentarios adoptan voluntariamente modelos de prevención de delitos y los cumplen debidamente.

En esta sesión, repasaremos cuáles pueden ser esos riesgos penales y cuáles son las medidas que con carácter preventivo pueden adoptar las empresas para tratar de evitar o atenuar su eventual responsabilidad.