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El pasado 9 de marzo entró en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se trasponen en nuestro ordenamiento jurídico las últimas directivas europeas aprobadas en Bruselas y con las que la UE quiere cristalizar un marco más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones económicas para los Gobiernos.

 

En España la tramitación de esta ley se ha saldado con un amplio consenso entre partidos al incorporar un total de 975 enmiendas de las 1.081 presentadas en el Parlamento. La trascendencia de esta ley no es baladí para el conjunto del tejido empresarial por el elevado número de empresas que contratan con la administración, independientemente de su sector de actividad, así como por el volumen de contratos, cercano a los 200.000 millones de euros, alrededor de un 20% del PIB.

 

Entre las novedades que recoge la nueva norma, destaca especialmente la obligación de los órganos de contratación de incluir en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos como el impacto medioambiental y social de los servicios prestados, así como su aporte innovador. De la misma manera, se pretende reducir la burocracia para los licitadores y simplificar algunos procedimientos de contratación. Otro de los aspectos clave es que se prohibirán las indemnizaciones por las expectativas de mercado no cumplidas y la obligación de fraccionar en lotes los grandes contratos con el objetivo de favorecer la participación de las PYMES en las licitaciones.