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El estudio que ocupa a esta monografía concierne a la intervención judicial más controvertida de cuantas existen en relación con el arbitraje: su fiscalización. A diferencia de las actuaciones de apoyo, la labor de control del arbitraje escenifica una situación de cierta tensión entre jurisdicción y sistema privado de justicia al desplegarse una actividad judicial que expone al laudo, nacido con vocación de permanencia, a una consecuencia fatal como es la posibilidad de ser declarado ineficaz. En ese controvertido contexto, se enmarca el estudio efectuado, cuyo objeto es el análisis de la acción de anulación y, en especial, de la cláusula del orden público recogida en el art. 41.1 f) LA. En relación con lo último, la obra incorpora un estudio dogmático y práctico de la controvertida noción, incluyendo un listado sistematizado de infracciones que dotan al lector de una herramienta práctica que, basada en el análisis de miles de sentencias -dictadas entre 2003 y 2019-, le permita dilucidar si una determinada irregularidad, cometida durante la tramitación del arbitraje, puede servir o no para privar de validez el laudo por contrariar el orden público. Junto al análisis anterior, la monografía se ocupa de otras múltiples cuestiones como son, entre otras, la exposición de criterios técnicos a considerar de cara a la formulación de una demanda de anulación; el análisis de las características del orden público recogido en el art. 41.1 f LA) o la posibilidad de renunciar anticipadamente a la acción de anulación. Finalmente, la obra se enfrenta al problema del dispar tratamiento jurisprudencial en la interpretación del orden público y al análisis del actual modelo de control material de la decisión arbitral, ofreciendo algunas propuestas de modificación del régimen legal vigente, cuyo único objetivo es intentar contribuir, modestamente, al mejor acogimiento del arbitraje nacional en nuestro país.