Publicaciones

140.000 millones de euros. De los 750.000 millones de euros que la UE prevé distribuir en el período 2021-2026 en el marco del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia europeo (MRR), se han asignado a España alrededor de 140.000 millones de euros.

De dicha cantidad, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por el Gobierno prevé movilizar 70.000 millones de euros a través de subvenciones a fondo perdido, a conceder en su mayor parte durante el período 2021-2023. Los restantes 70.000 millones de euros se articularían mediante préstamos ‘blandos’ que el PRTR prevé posponer para más allá de 2023.

Los proyectos que aspiren a acceder a los fondos Next Gen EU han de contribuir a la consecución de 4 ejes definidos en el PRTR: (i) transición ecológica, (ii) transformación digital, (iii) cohesión social y territorial, e (iv) igualdad de género. Estos 4 ejes se descomponen en 10 políticas palanca y 30 componentes, cada uno de los cuales prevé, a su vez, la realización de determinadas reformas y la ejecución de inversiones específicas por materias, cuyo cumplimiento habrá de acreditarse semestralmente ante la Comisión Europea.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 anticiparon una partida de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos Next Gen EU. Tras haber obtenido la evaluación favorable de la Comisión, el pasado 13 de julio de 2021, el ECOFIN aprobó el PRTR y el Gobierno recibió los primeros 9.000 millones de euros el pasado mes de agosto, habiéndose recibido, asimismo, el pago de otros 10.000 millones de euros el pasado mes de diciembre (en total, un 70% de los fondos previstos en los Presupuestos de este año) tras haberse emitido a principios de diciembre por la Comisión la evaluación preliminar positiva del cumplimiento de los primeros 52 hitos comprometidos por nuestro país en el PRTR.

Desde el segundo trimestre de 2021, cuando se comenzaron a publicar convocatorias, el ritmo de publicación ha ido aumentando significativamente, pudiendo encontrase convocatorias de subvenciones y ayudas vinculadas de forma directa o indirecta a estos fondos prácticamente a diario en los distintos boletines oficiales.

Si bien los gastos financiables para cada proyecto en concreto se establecerán en las correspondientes bases y convocatoria de subvenciones, como regla general, las ayudas Next Gen EU solo financiarán gastos en los que incurran, justificadamente, los beneficiarios para ejecutar los proyectos considerados financiables. Dado que el PRTR contempla un amplio abanico de inversiones tanto en capital humano (educación, formación, salud, protección social, etc.), como en capital fijo (infraestructuras, I+D+i, etc.) o capital natural (fuentes de energía renovable natural, protección y restauración del medio ambiente, mitigación o adaptación al cambio climático, etc.), los gastos o costes financiables pueden variar dependiendo del propio tipo de inversión y de los objetivos de la subvención.

Si bien las concretas cuantías y porcentajes subvencionables de los proyectos se establecerán en las correspondientes bases reguladoras y convocatorias de ayudas, cabe apuntar que, de acuerdo con las convocatorias de subvenciones Next Gen que ya han sido publicadas, los límites máximos financiables de cada proyecto parecen oscilar, con carácter general, entre el 20% y el 50% de los costes financiables del proyecto (en el caso de pymes, este porcentaje podría llegar a ser superior, si bien no es lo habitual). En todo caso, dichos porcentajes no podrán superar las intensidades máximas fijadas por la normativa europea de ayudas de Estado, que las gradúa en atención al tipo de proyecto, tipo de actividad y especialmente, a la naturaleza y tamaño de la entidad solicitante.

Depende del concreto régimen de compatibilidad aplicable a la ayuda que, con carácter general, habrá de venir regulado en las bases y/o convocatorias de cada ayuda. La mayor parte de convocatorias de subvenciones que se han ido publicando hasta la fecha parecen permitir que se soliciten y obtengan otras ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas con la misma finalidad, pero siempre que no recaigan sobre el mismo coste.

Con carácter general, en caso de compatibilidad con otras ayudas, han de tenerse en cuenta los siguientes límites: (i) los que se establezcan en la propia convocatoria para cada proyecto en concreto; (ii) los límites máximos de ayudas a recibir en cada caso (% de costes elegibles financiables) para no superarlos con la suma agregada de las subvenciones obtenidas para el mismo proyecto procedentes de diferentes convocatorias; y (iii) el límite adicional establecido en la Ley General de Subvenciones y que impide que las subvenciones puedan, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, superar el coste de la actividad subvencionada.

Depende de lo que se establezca en las bases y/o convocatorias de cada ayuda. No obstante, debido al necesario efecto incentivador que, generalmente, se exige de las ayudas públicas para que se consideren compatibles con las condiciones comunitarias, se suele requerir que el proyecto no haya dado inicio antes de la fecha de presentación de la solicitud de la correspondiente subvención. Por ejemplo, en algunas convocatorias que ya se han ido publicando al amparo de los fondos Next Gen se especifica que las mismas deben recaer en “nuevos proyectos empresariales” o prevén que “sólo se considerarán gastos subvencionables los contraídos a partir de la concesión de la subvención”.

La cuestión esencial es qué se entiende por inicio del proyecto a estos efectos, porque, dependiendo de lo que se establezca en las distintas bases y convocatorias, se podría llegar a admitir que el solicitante realice algunas actuaciones preparatorias que no supongan dar por iniciadas las inversiones, en sentido estricto (i.e. la realización de estudios de viabilidad o la solicitud de licencias/autorizaciones para el proyecto).

Fuera de estos supuestos, cualquier actuación (y en especial, la existencia de pagos vinculados con la ejecución del proyecto) realizada con fecha anterior a la fecha de solicitud de la subvención podría ser interpretada por la Administración como un indicio de que el proyecto ya estaba iniciado en ese momento, lo que podría dar lugar a la pérdida de la posibilidad de optar a la subvención y, en el caso de haberla percibido ya, a su eventual reintegro junto con los intereses de demora.

Los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) son un nuevo instrumento de colaboración público-privada establecidos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre (RDL 36/2020). Se trata de proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para la economía española y que requieren la colaboración de una pluralidad de actores, entre otros, Administraciones Públicas, empresas y organismos de investigación.

En principio, los PERTE están abiertos a todo tipo de empresas (tanto grandes empresas como pymes y startups) que contribuyan, mediante una serie de iniciativas de inversión conjuntas, a afectar a toda la cadena de valor de un determinado ámbito. A este respecto, en el PRTR se han identificado, a título preliminar, 6 posibles PERTE para impulsar procesos de reforma estructural de toda la cadena de valor en los ámbitos de (i) la industria de la automoción verde y conectada, (ii) la industria del hidrógeno verde, (iii) la industria aeroespacial, (iv) la agricultura sostenible y eficiente, (v) el uso del español en el ámbito de la inteligencia artificial, (vi) o el desarrollo de un Sistema Nacional de Salud puntero.

Mediante el RDL 36/2020 se crea el Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE(“REPERTE”), en el cual se prevé la inscripción de entidades interesadas en participar en un PERTE, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, que regula su funcionamiento y estructura.

En este Registro, dividido en secciones por cada uno de los PERTE aprobados, podrán inscribirse cualesquiera entidades (públicas o privadas y con independencia de su naturaleza jurídica, ámbito territorial o forma de constitución) que hayan sido acreditadas por el Ministerio correspondiente como interesadas en un PERTE de su competencia (el concreto procedimiento de acreditación aplicable será establecido por cada Ministerio en cuestión). En cuanto a sus funciones, el REPERTE se encargará de (i) dar difusión a los actos administrativos de acreditación de entidades interesadas en los PERTE, (ii) garantizar una estructura común para los datos recogidos, (iii) proporcionar acceso público a tales datos, y, sobre todo, (iv) certificar la acreditación ministerial efectiva de cada una de las entidades inscritas.

Hasta el momento, los PERTEs aprobados por el Consejo de Ministros son los siguientes:

• PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC), de 13 de julio de 2021, dirigido a crear en España el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red y convertir a España en el hub europeo de electromovilidad.
• PERTE para la Salud de Vanguardia, de 30 de noviembre de 2021, cuyas metas serían las de impulsar la implementación equitativa de la Medicina Personalizada de Precisión, promover el desarrollo de terapias avanzadas y otros fármacos innovadores o emergentes, así como desarrollar un sistema de datos innovador e impulsar la transformación digital de la asistencia sanitaria.
• PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA), de 14 de diciembre de 2021, con el objetivo de desarrollar tecnología, conocimiento, capacidades industriales y nuevos modelos de negocio que refuercen la posición de liderazgo del país en el campo de las energías limpias.
• PERTE del Sector Agroalimentario, de 8 de febrero de 2022, dirigigo al fortalecimiento de este sector, dotándole de financiación y herramientas para impulsar su modernización y digitalización y, que contribuyan a una producción agroalimentaria sostenible, competitiva y resiliente, así como a la creación de empleo y al reto demográfico.
• PERTE "Nueva Economía de la Lengua", de 1 de marzo de 2022, cuyas metas sería las de movilizar las inversiones públicas y privadas necesarias para maximizar el valor del español y las lenguas cooficiales en el proceso de la transformación digital a nivel mundial, garantizar de forma prioritaria que la inteligencia artificial piense en español y que las empresas y ciudadanos hispanohablantes tengan un papel protagonista en el crecimiento y la creación de empleo de calidad.
• PERTE en Economía Circular, de 8 de marzo de 2022, a fin de acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso de materias primas que permita incrementar la competitividad de los sectores industriales y las empresas, así como asegurar una mayor autonomía estratégica del país.
• PERTE para la industria Naval, de 8 de marzo de 2022, centrado en la transformación de la su cadena de valor del sector naval mediante la diversificación hacia las energías renovables marinas y los buques de bajas emisiones, impulsando su digitalización, la mejora de su sostenibilidad medioambiental y la capacitación de sus empleados.
• PERTE Aeroespacial, de 22 de marzo de 2022, con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos del sector  (cambio climático, seguridad global o transición digital), posicionándolo como un actor clave en relación con las oportunidades derivadas de su transformación, tanto a nivel nacional como internacional.
• PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, de 22 de marzo de 2022, cuyas metas son las de facilitar la transformación y modernización de los sistemas de gestión del agua (a nivel urbano y en el regadío y la industria) mediante el fomento de las nuevas tecnologías, mejorar la gobernanza y transparencia del ciclo integral del agua aumentando su eficiencia y reduciendo las pérdidas en las redes de suministro, y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales.

Actualmente se encuentra en una fase de estudio avanzada el PERTE vinculado a la Economía de los cuidados, con el objetivo de potenciar y consolidar alianzas entre los centros de investigación, organizaciones, cooperativas y entidades de todo el país que trabajan en la Economía Social, centrándose en valores como el respeto al medioambiente, la cohesión social y la igualdad de género.