La Comisión Europea está inmersa en una ambiciosa reforma legislativa que pone el foco en los prestadores de servicios digitales, especialmente plataformas en línea, que dirigen sus servicios a los ciudadanos europeos (e.g. redes sociales, buscadores, marketplaces…). El paquete de medidas se concreta en dos grandes textos, la Digital Services Act (DSA) y la Digital Markets Act (DMA). En este especial analizaremos la evolución de estas iniciativas y acompañaremos a las empresas en su camino hacia la adaptación a este nuevo entorno regulatorio.
El primer hito relevante tras la entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) es determinar el tamaño de las plataformas y buscadores de Internet que prestan servicios en la Unión Europea. Se trata de una cuestión clave, ya que las obligaciones de diligencia debida que se imponen a este tipo de prestadores son considerablemente más gravosas.
La norma introduce novedades relevantes en relación con la moderación de contenidos, la transparencia en torno a la retirada o bloqueo de contenidos u obligaciones sobre riesgos sistémicos en el uso de las grandes plataformas o motores de búsqueda.
Con esta nueva regulación, la Unión Europea impone nuevas obligaciones a los servicios intermediarios ‘online’ para garantizar la transparencia y la colaboración en la lucha contra contenidos ilícitos.
Repasamos las claves de este nuevo reglamento que, previsiblemente, aprobará el Consejo de la UE el próximo 18 de julio, y que introduce novedades muy relevantes que afectarán a los modelos de negocio de las principales plataformas digitales.
Coincidiendo con la celebración del Día del libro, la Comisión Europea ha anunciado que la Propuesta Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés), incluyendo las enmiendas aprobadas el 22 de enero de 2022, ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. El objetivo: promover un entorno online más seguro y equitativo. Para ello, todos los prestadores de servicios intermediarios que se dirijan a usuarios europeos deberán adaptar sus servicios o enfrentarse a sanciones que pueden alcanzar hasta un 6% de su facturación anual.