La Comisión Europea está inmersa en una ambiciosa reforma legislativa que pone el foco en los prestadores de servicios digitales, especialmente plataformas en línea, que dirigen sus servicios a los ciudadanos europeos (e.g. redes sociales, buscadores, marketplaces…). El paquete de medidas se concreta en dos grandes textos, la Digital Services Act (DSA) y la Digital Markets Act (DMA). En este especial analizaremos la evolución de estas iniciativas y acompañaremos a las empresas en su camino hacia la adaptación a este nuevo entorno regulatorio.
Coincidiendo con la celebración del Día del libro, la Comisión Europea ha anunciado que la Propuesta Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés), incluyendo las enmiendas aprobadas el 22 de enero de 2022, ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. El objetivo: promover un entorno online más seguro y equitativo. Para ello, todos los prestadores de servicios intermediarios que se dirijan a usuarios europeos deberán adaptar sus servicios o enfrentarse a sanciones que pueden alcanzar hasta un 6% de su facturación anual.
En paralelo con la propuesta de Digital Services Act (ver aquí) la Comisión Europea ha propuesto un nuevo régimen regulatorio aplicable a determinadas plataformas que prestan servicios digitales (Digital Markets Act, o DMA). La aprobación de estas normas implicaría cambios de gran calado en los modelos de negocio de diversas empresas y tendría un impacto significativo en el desarrollo de la competencia en los mercados digitales.
La Comisión Europea acaba de publicar su propuesta para regular los servicios digitales a través de dos textos que ella misma califica de ambiciosos: la Propuesta de Reglamento de Mercados Digitales (que analizamos aquí) y la Propuesta de Reglamento de Servicios Digitales, conocida como DSA por sus siglas en inglés, de la que nos ocupamos a continuación. En próximos artículos analizaremos de forma detenida los cambios que se avecinan, que no son pocos. Sirva hoy, a modo introductorio, un resumen de las principales obligaciones (y derechos) que contiene la Propuesta de Reglamento de Servicios Digitales.