Events

El pasado 9 de marzo entró en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se trasponen a nuestro ordenamiento jurídico dos de las tres últimas directivas aprobadas en Bruselas sobre la materia -la trasposición de la directiva relativa a los sectores excluidos se realizará mediante una ley independiente-y con las que la UE quiere cristalizar un marco más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones económicas para los Gobiernos.

En España, la tramitación de esta ley se ha cerrado con un amplio consenso político, al incorporarse un total de 975 enmiendas de las 1.081 presentadas en el Parlamento. La trascendencia de esta ley no es baladí para el conjunto del tejido empresarial por el elevado número de empresas que contratan con la Administración, independientemente de su sector de actividad, así como por el volumen de los contratos del sector público, cercano a los 200.000 millones de euros, alrededor de un 20% del PIB.

Entre las novedades que recoge la nueva norma, destacan la obligación de incluir en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos, las medidas dirigidas a reducir la burocracia, la prohibición de indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas o la obligación de fraccionar en lotes los contratos siempre que su naturaleza y objeto lo permitan, con el objetivo de favorecer la participación de las PYMES en las licitaciones.

Junto a dichas medidas, resultan especialmente relevantes la administrativizaciónde los poderes adjudicadores, la reconfiguración de los tipos contractuales, la redefinición de los procedimientos de adjudicación y del recurso especial, las nuevas medidas en materia de subcontratación o las previsiones respecto de la modificación de los contratos.