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Los colombianos estamos cansados de ver casos de corrupción en las noticias, sin que aparentemente pase mayor cosa. Hay que reconocer que algunos corruptos van a dar a la cárcel, pero en realidad, en la mayoría de los casos, la privación de la libertad responde a medidas provisionales que se ejecutan mientras cursa la investigación y no a condenas efectivas.

El sistema de justicia selectivo que reina en nuestro país aprendió a obrar con diligencia frente a aquellos casos que, por una u otra razón, ocupan la atención de los periodistas, mientras el gran paquete de expedientes anónimos vive el sueño de los justos y engorda las tasas de impunidad.

Un juez o un fiscal de los Estados Unidos es seis veces más productivo que su homólogo colombiano. Si nuestros operadores de justicia tuviesen el nivel de eficiencia y productividad del promedio de los países de la Ocde, todo el sistema judicial colombiano estaría al día, ofrecería un servicio adecuado y podría operar con un presupuesto significativamente menor que el que actualmente utiliza (más de $6 billones al año).

El primer remedio para la lucha contra la corrupción es la justicia y el primer remedio para la mala administración de justicia es la gerencia. Lo primero que hay que darle urgentemente al sistema es mucha gerencia. Gerencia y más gerencia: (i) Más administradores y menos abogados dirigiendo el sistema. (ii) Implementación de rigurosos indicadores de gestión. (iii) Creación de un balanceado esquema de incentivos para estimular la buena y oportuna gestión. (iv) Eliminación de los incentivos perversos que fomentan el amiguismo, la burocracia, la demora, la complejidad innecesaria, la procastinación y otros vicios. La mal entendida autonomía de la rama judicial no puede continuar siendo la disculpa para sacarle el cuerpo a la evidente necesidad de someter el servicio de justicia a los esquemas de rendición de cuentas que operan en otros ámbitos.

El segundo elemento básico se relaciona con la falta de transparencia de la gestión pública. La ley de transparencia no ha servido para nada. Hay que reformarla para darle más poder a la ciudadanía, garantizando el libre acceso a los archivos públicos y asegurando que todos los documentos relacionados con los procesos contractuales, sin excepción, queden libremente disponibles al público en general.

El tercer remedio contra el flagelo de la corrupción, altamente efectivo y desafortunadamente poco común en nuestro medio, es la competencia. Los contratos públicos se entregan a dedo en 60% de los casos. Si transformáramos radicalmente todo el sistema de contratación pública a un sistema altamente competido y transparente, en el que reinen los concursos abiertos con mínimo 4 o más aspirantes, los corruptos encontrarían enormes dificultades para hacerse a los contratos, inclusive en los casos en que los pliegos están amarrados o sesgados en favor de algún oferente. Más ojos y más ofertas en cada contrato público, grande, mediano o pequeño, constituyen el punto de quiebre que daría la señal de que lo mejor es concursar limpiamente. El problema real de la corrupción se da cuando una sociedad deja extender la “cultura del atajo” a niveles tan generalizados que llevan a la mayoría de los concursantes a doblegarse ante las prácticas ilegales y a acogerlas en su comportamiento.

Mientras la mayor parte de la sociedad tolere o acepte el uso de comportamientos irregulares para obtener un contrato, todo esfuerzo será inútil para acabar con la corrupción. Es indispensable que la sociedad haga un alto en el camino y se autorregule colectivamente, haciendo mucho más severo su grado de intolerancia y restableciendo el orden correcto, para así ubicar de nuevo a los corruptos en el incómodo lugar de la extrema minoría.