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En el programa electoral del PSOE hay, de entrada, una referencia expresa a la derogación inmediata de la reforma laboral del PP. Y se proponen, entre otras, medidas como la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, la supresión de las bonificaciones a la contratación, la limitación de la duración del contrato temporal a un año, la eliminación del contrato de fomento de emprendedores, la inclusión de los autónomos económicamente dependientes en el Estatuto de los Trabajadores, la revisión de todos los permisos parentales, la recuperación de la centralidad de la negociación colectiva y la introducción de medidas para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres, como la obligatoriedad de contar con un registro donde consten de manera desagregada los salarios y complementos que perciben los trabajadores y de elaborar un plan de lucha contra la desigualdad salarial.

El programa de Unidos Podemos incluye medidas para favorecer la preeminencia de los convenios colectivos sectoriales sobre los de empresa y restringir la posibilidad de descolgarse del convenio aplicable. También prevé la limitación de la duración del contrato temporal a un año, la supresión del contrato de emprendedores, la recuperación de la autorización administrativa para llevar a cabo despidos colectivos, el reconocimiento al trabajador del derecho de opción en caso de despido improcedente y la supresión del tope máximo de las cotizaciones sociales. Asimismo, contempla la reforma de los permisos por nacimiento o adopción y la ampliación del permiso de paternidad. En materia de pensiones se prevé la derogación de las reformas del PSOE y el PP, restableciendo la edad de jubilación a los 65 años, indexando la revalorización de las pensiones al IPC y eliminando el factor de sostenibilidad. Entre las propuestas del PNV, llama la atención la ampliación de la duración de la prestación por desempleo a 36 meses (ahora en 24 meses). Algunas de esas medidas han sido incorporadas ya a iniciativas legislativas concretas, que se encuentran en tramitación en el Congreso y que han sido promovidas principalmente por el PSOE y Unidos Podemos.

Involución reformista

Dichas iniciativas legislativas pretenden introducir medidas como el establecimiento del control de la jornada para combatir las horas extras, obligando a las empresas a llevar un registro diario de la jornada; la regulación de la subcontratación, para que los trabajadores de la empresa contratista cobren lo mismo que los de la empresa principal; la limitación de la posibilidad de descolgarse del convenio aplicable a los aspectos salariales (y con limitaciones), la eliminación de la prioridad del convenio de empresa sobre el convenio sectorial y la supresión de la facultad del empresario de reducir la cuantía del salario en caso de crisis empresarial; la derogación del factor de sostenibilidad de las pensiones y la recuperación de la revalorización con arreglo al IPC; la creación de nuevos permisos parentales, como el derecho a la suspensión del contrato para el cuidado de un menor de 12 años o el derecho a la adaptación de la jornada, por el mismo motivo; la introducción de restricciones en las facultades empresariales en materia de movilidad geográfica, distribución irregular de la jornada y modificación de condiciones de trabajo cuando afecten a personas que estén haciendo uso de sus derechos de conciliación.

Las medidas expuestas, en caso de ser implantadas, supondrían una reforma sustancial del marco de relaciones laborales que dejarían sin efecto algunas de las medidas más relevantes de la reforma laboral del PP. Aunque ésta ha contribuido a evitar que el impacto de la crisis en el empleo fuera mayor, no es óbice para que puedan llevarse a cabo nuevas reformas que permitan que nuestra legislación laboral siga sirviendo a la finalidad de favorecer la competitividad empresarial y la creación de empleo, a la par que la protección de los derechos de los trabajadores.