Publicaciones

EUROPA

Un tribunal arbitral determina que la decisión del caso Achmea no es de aplicación a casos del CIADI

Un tribunal del CIADI ha determinado, en una demanda basada en un APRI intracomunitario contra Hungría, que la reciente sentencia del caso Achmea no es de aplicación a los arbitrajes del CIADI. En su decisión, el tribunal ha declarado que Achmea no cambia una decisión que dictó dos años antes en el sentido de que tenía competencia sobre todas las demandas presentadas contra Hungría, y que no tenía necesidad de examinar decisiones de otros tribunales arbitrales en las que se haya tenido en cuenta el caso Achmea.

El tribunal denegó la solicitud de la Comisión Europea de intervenir en un caso intracomunitario, basada en argumentos sobre los efectos de Achmea, aunque otros tribunales arbitrales habían admitido esa misma solicitud.

Inglaterra

El Tribunal Superior de Londres ratifica una orden de embargo preventivo internacional en apoyo de un arbitraje de la CCI en Zurich

Recientemente, el Tribunal Superior de Londres ha ratificado una orden de embargo preventivo internacional contra el grupo británico de gestión de residuos Environmental Power International (EPI) y uno de sus administradores, mientras se encuentre pendiente de resolución un arbitraje con un socio de una joint venture turca celebrado en Zurich conforme al reglamento de la CCI. El juez reconoció que había pruebas sólidas de un verdadero riesgo de dilapidación de activos que justificaba el mantenimiento de la orden de embargo hasta la conclusión del arbitraje.

El arbitraje de la CCI en cuestión se refiere a un contrato de joint venture por el que el socio turco Recydia tenía derecho a recibir un 25% de los ingresos de EPI procedentes de la licencia y comercialización de tecnología para una central de producción de energía mediante combustión de residuos.

HUNGRÍA

El CIADI admite una demanda de inversión contra Hungría por una expropiación indirecta

El CIADI ha admitido una demanda de inversión de 23 millones de euros presentada por los inversores franceses UP y CD Holding contra Hungría,  basada en el APRI entre Francia y Hungría. El conflicto es resultado de los cambios introducidos en la legislación húngara sobre prestaciones complementarias pagadas a los trabajadores mediante tickets y la manera en que estas reformas introducidas por Hungría en 2011 supusieron la expropiación indirecta de la inversión de la cooperativa francesa UP y su filial íntegramente participada CP Holding Internationale.

LITUANIA

Demanda ante el CIADI de un empresario letón contra Lituania

El 16 de octubre de 2018, el empresario letón Oļegs Roščins presentó una demanda contra Lituania ante el CIADI conforme al APRI de 1996 entre Letonia y Lituania, en relación con depósitos en un banco que fue declarado insolvente hace cinco años. Parece que Roščins está intentando recuperar depósitos por valor de 17,1 millones de euros mantenidos en Ūkio bankas, banco comercial lituano domiciliado en Kaunas. El banco empezó a tener problemas financieros después de la crisis de 2008 y en 2013 fue declarado en concurso de acreedores.

RUSIA

Gazprom ejercita acción de anulación parcial de un laudo ante la Corte de Apelaciones de Suecia

La empresa energética propiedad del estado ruso Gazprom, ha presentado ante la Corte de Apelaciones de Svea solicitud de anulación de un laudo parcial dictado por un tribunal arbitral ad hoc, según el cual la empresa gasista polaca PGNiG tenía derecho a solicitar una revisión del precio de gas.

La disputa se refiere a una demanda arbitral presentada por PGNiG contra Gazprom en 2011 en relación con ajustes en los precios del gas y la disconformidad de Gazprom con la fórmula de fijación de precios sugerida por la compañía polaca.

En el recurso, Gazprom alega que el tribunal arbitral se había extralimitado al atribuirse la facultad de subsanar las lagunas existentes en el contrato entre las partes,  facultad que no le había sido otorgada por éstas.

ESPAÑA

España invoca la sentencia del caso Achmea para evitar la ejecución de un laudo relacionado con los recortes a las renovables

Mediante un Memorándum presentado el 16 de octubre de 2018 ante el Tribunal de Distrito de EEUU del Distrito de Columbia, España ha intentado evitar la ejecución de un laudo de 53 millones de euros dictado en una demanda basada en la Carta Europea de la Energía,  por un tribunal de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) a favor del fondo luxemburgués Novenergia,  en febrero de 2018.

El laudo se refiere a una nueva demanda presentada contra España por incumplimiento de la CEE como consecuencia de la reforma de su régimen de ayudas a las energías renovables en 2013. La decisión del tribunal de la SCC confirmó el incumplimiento y condenó a España a pagar indemnización de daños y perjuicios y costas a Novenergia.

España ha invocado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Achmea de marzo de este año, según la cual el TFUE impide a los Estados miembros aplicar las cláusulas arbitrales recogidas en los acuerdos de protección recíproca de inversiones. Posteriormente, la Comisión Europea aclaró que, como resultado de dicha sentencia, el arbitraje al amparo de la CEE, tratado multilateral del que es firmante la UE, está reservado a inversores de estados no pertenecientes a la UE.

UCRANIA

Ucrania recibe otra demanda de inversión de Gazprom ante la CNUDMI

Mediante anuncio realizado el 25 de octubre de 2018, el gigante energético participado mayoritariamente por el estado ruso, Gazprom, confirmó que ha presentado una solicitud de arbitraje y demanda de inversión ante la CNUDMI contra Ucrania al amparo del APRI de 1998 entre Rusia y Ucrania, frente a la multa de 6400 millones de euros impuesta por la autoridad de defensa de la competencia del país.

La disputa trae causa de una resolución emitida en 2016 por el Comité Antimonopolio de Ucrania, según la cual Gazprom había abusado de su posición de monopolio, imponiéndole una sanción de 3200 millones de euros, que posteriormente duplicó un juzgado de Kiev al incluir recargos por retraso en el pago. El año pasado el Tribunal Supremo de Ucrania desestimó el recurso de Gazprom contra la sanción. Gazprom alega que la sanción de competencia carece de fundamento y es injusta y que las posteriores medidas ejecutivas de las autoridades ucranianas violan sus derechos basados en el APRI.