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MÉXICO

México se enfrenta a una nueva demanda basada en el TLCAN por parte de dos filiales de la estadounidense Vulcan Materials

Dos filiales de Vulcan Materiales, uno de los mayores productores estadounidenses de agregados para la construcción, han presentado una notificación de controversia contra México al amparo del capítulo 11 del TLCAN. El conflicto gira en torno a un contrato de construcción suscrito por Vulcan con el conglomerado de construcción mexicano Grupo ICA para la construcción de una planta de extracción de piedra caliza, además de una terminal portuaria y una flota de buques con capacidad para exportar 12 millones de toneladas anuales de caliza a los Estados Unidos. Vulcan alega que México ha adoptado una serie de medidas ilegales y perjudiciales que han afectado gravemente a sus inversiones y operaciones en el país. En 2003, el gobierno mexicano modificó unilateralmente las condiciones aplicables al operador portuario Quintana Roo y empezó a cobrar tasas portuarias que Calica tenía derecho a percibir de buques fondeados en su terminal. Si la demanda sigue adelante, se tramitará por el CIADI.

PERÚ

Perú obtiene resolución favorable en una demanda de Exeteco International relacionada con la concesión para una cárcel privada

Perú ha resultado vencedor en la demanda de 50 millones de USD presentada por el inversor español Exeteco International ante la CNUDMI, conforme al APRI entre España y Perú, por la retirada de su concesión para la construcción y gestión de la primera cárcel privada del país. El conflicto estaba relacionado con la concesión adjudicada a Exeteco y a otras dos empresas españolas, Eulen y Montealto, en 2011 para la construcción y gestión de la primera cárcel privada de Perú en la ciudad de Huaral, próxima a Lima. Exeteco presentó la demanda en 2013, después de que el gobierno diera marcha atrás en el proceso de privatización y nacionalizara la prisión.

PANAMÁ

Desestimada por el CIADI una demanda de inversión contra Panamá en relación con un complejo de ecoturismo

Un tribunal del CIADI ha desestimado una demanda de 100 millones de USD presentada por inversores en Desarrollo Ecoturístico Cañaveral (Decsa), compañía panameña creada para desarrollar un complejo multimillonario en la reserva natural panameña de Ngäbe-Buglé, cerca del archipiélago Bocas del Toro, contra Panamá. La demanda se presentó en 2015 al amparo del APRI entre los Países Bajos y Panamá del año 2000 y del acuerdo de libre comercio entre América Central y Panamá de 2002, alegando una serie de actuaciones por parte del Estado que habrían tenido graves consecuencias para el proyecto, incluida la ocupación del terreno por grupos indígenas.

URUGUAY

Uruguay, amenazado con una demanda de expropiación

La compañía panameña Latin American Regional Aviation Holding (Larah), que está  controlada por la firma de capital riesgo neoyorquina Tenor Capital Management, ha presentado una notificación de controversia ante el CIADI para iniciar una demanda de inversión contra Uruguay basada en el APRI de 1998 entre Panamá y Uruguay por la renacionalización de una aerolínea. La controversia tiene su origen en la supuesta expropiación de una línea aérea que anteriormente había sido de propiedad estatal, Pluna Líneas Aéreas Uruguayas, en la que el inversor tenía una participación indirecta del 75%, poco antes de que entrara en quiebra en 2012. La notificación da inicio a un período de reflexión de seis meses conforme al APRI, que contempla la tramitación del arbitraje tanto por el CIADI como por la CNUDMI.

VENEZUELA

Exxonmobil reitera su demanda contra Venezuela basada en un tratado petrolífero

El 24 de octubre de 2018, el CIADI registró la repetición de una demanda por parte de ExxonMobil contra Venezuela al amparo del APRI entre los Países Bajos y Venezuela, después de que un comité de anulación aplicara una drástica rebaja de 1400 millones de USD a un laudo obtenido por el grupo petrolero en 2014, determinando que el tribunal que dirimió la demanda original se había extralimitado en el ejercicio de sus potestades.

ExxonMobil presentó inicialmente la demanda ante el CIADI en 2007 pidiendo una indemnización de 16.000 millones de dólares por la supuesta expropiación por parte de Venezuela de sus inversiones en los proyectos petroleros de Cerro Negro y La Ceiba en el cinturón del Orinoco. Aunque el laudo fue favorable, un tribunal de apelaciones estadounidense revocó la decisión en junio de 2017, afirmando que los acreedores de estados extranjeros no pueden ejecutar laudos del CIADI en términos ex parte según la Ley estadounidense de Foreign Sovereign Immunities de 1976.