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Tras la toma de posesión del nuevo Gobierno en el mes de junio, son muchos los anuncios que se han ido haciendo sobre la intención de reformar diversos aspectos de nuestro sistema de relaciones laborales. Ahora bien, la aritmética parlamentaria condiciona (y dificulta) la acción de gobierno y, por ende, la conversión en nuevas leyes de las intenciones reformistas expresadas por los nuevos gobernantes.

La desconexión, mayor o menor, que esperamos que para todos haya supuesto el descanso estival, puede que haya contribuido a que en estos momentos tengamos cierta confusión sobre cuáles de los anuncios reformistas que, entre baño y baño en la playa o tumbados en la hamaca de la piscina, hemos ojeado en los medios de comunicación o en las redes sociales, se han convertido realmente en nuevas normas jurídicas que debamos tener en cuenta una vez reincorporados a la actividad.

Por ello, hemos creído oportuno dedicar un artículo en nuestra primera Newsletter tras el verano a hacer un repaso de cuáles son los proyectos y proposiciones de ley que están en tramitación y pueden introducir novedades en los próximos meses.

A este respecto, el aspecto más significativo es el anuncio de una renuncia, efectuada ya antes del verano, a llevar a cabo una derogación total de la reforma laboral del 2012, lo cual no es óbice para que algunos de sus aspectos más significativos puedan ser objeto de nueva regulación, como ha anunciado el Gobierno.

Lo cierto es que son varios los proyectos y proposiciones de ley que actualmente se encuentran en tramitación en el Congreso de los Diputados. Repasaremos a continuación cuáles son los más relevantes y cuáles son las novedades más significativas que pretenden introducir.

Destacan, en primer lugar, las diferentes proposiciones de ley que van dirigidas a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Así, podemos destacar la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, “para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación” y la de “igualdad retributiva entre mujeres y hombres”, presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea. Dentro de este conjunto de proposiciones de ley podemos incluir también las que van dirigidas a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, como la presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos sobre “conciliación, igualdad y apoyo a las familias” y la del grupo parlamentario de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea sobre la reforma del “sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento”.

Estas proposiciones de ley contemplan medidas como la equiparación del tratamiento de los permisos y prestaciones de maternidad y paternidad, el establecimiento de permisos de disfrute obligatorio para ambos progenitores para el cuidado y atención de los hijos, la obligación de las empresas de más de 250 trabajadores de informar sobre el promedio de retribución mensual de los trabajadores de su mismo grupo profesional, la obligación de elaborar planes de igualdad para las empresas de más de 100 trabajadores, la necesidad de publicar, registrar y depositar los planes de igualdad que sean aprobados o la obligación de hacer auditorías de igualdad salarial para las empresas de más de 250 trabajadores. También se abordan cuestiones como la limitación de las facultades empresariales para llevar a cabo distribuciones irregulares de la jornada, procesos de movilidad geográfica o de modificación sustancial de condiciones de trabajo, en atención a las exigencias de conciliación de la vida laboral y familiar, la regulación más amplia del derecho de adaptación de la jornada para el cuidado de los hijos y de la posibilidad de reducir la jornada por cuidado de hijos menores de 12 años en atención a la jornada diaria, semanal o mensual (no sólo a la diaria).

La negociación colectiva es objeto de una proposición de ley, presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, cuya finalidad es “fortalecer” la negociación colectiva en la regulación de las relaciones laborales, para lo cual se propone limitar la posibilidad del descuelgue del convenio colectivo a situaciones económicas graves en las que esté en peligro el mantenimiento del empleo en la empresa, pudiendo afectar únicamente a los aspectos salariales. Asimismo, se propone la supresión de la prevalencia del convenio colectivo de empresa sobre el sectorial y se reestablece la ultraactividad indefinida del convenio colectivo, limitada en la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular a un año salvo pacto en contrario, lo cual ha sido validado recientemente por el Tribunal Supremo. En el terreno de los procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo, se limita el ámbito de materias que el empresario puede modificar unilateralmente y se prevé la obligación de indemnizar a los trabajadores por los daños y perjuicios causados cuando la modificación impuesta es declarada no justificada por los tribunales.

De enorme calado, por las repercusiones que puede tener sobre nuestro tejido empresarial y sobre los procesos de descentralización productiva, es la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario socialista, en materia de subcontratación,  para modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, obligando a las empresas contratistas a garantizar a sus trabajadores las condiciones salariales, de contratación, tiempo de descanso y trabajo, igualdad, protección de la maternidad, lactancia y paternidad y frente a los riesgos laborales, previstas en el convenio colectivo aplicable a la empresa principal o, en su caso, las que tendrían si fueran trabajadores contratados directamente por dicha empresa principal.

Hay también varias proposiciones que contemplan la introducción de la obligatoriedad del registro de la jornada diaria de trabajo, obligando a la empresa a conservar esa información durante cuatro años y tipificando el incumplimiento de esta obligación como infracción grave. Y ello sin perjuicio de las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la normativa actual de esta cuestión.

La denominada precariedad laboral y la estabilidad en el empleo son el objeto de  la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, que propone medidas como la desaparición del contrato temporal por obra y servicio determinado, por haber sido la modalidad contractual “que más ha canalizado el fraude en la contratación laboral temporal”, la prohibición expresa de hacer coincidir la finalización de la contrata de servicios con la relación laboral temporal, y el establecimiento de la indemnización de veinte días de salario por año de servicio para el caso de finalización de un contrato de trabajo temporal.

Todo ello sin olvidar las proposiciones de ley que van destinadas a la reforma de las pensiones, la indexación de las mismas al Índice de Precios al Consumo, la eliminación del factor de sostenibilidad, la recuperación de la edad de jubilación a los 65 años, etc., sobre las que no merece la pena extenderse más en este momento, al estar siendo la cuestión objeto de estudio en el seno de la Comisión sobre el Pacto de Toledo, que próximamente publicará sus recomendaciones al Gobierno de la Nación sobre la reforma de las pensiones.

Estaremos atentos en los próximos meses a las novedades que se vayan aprobando, de las cuales iremos informando oportunamente.