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Entre las medidas adoptadas, destaca, en primer lugar, la supresión del "exequátur", previo a la ejecución, de modo que las resoluciones ejecutivas dictadas en cualquiera de los Estados miembros tendrán automáticamente fuerza ejecutiva en los demás, sin necesidad de procedimiento especial alguno de reconocimiento, salvaguardándose en todo caso los derechos de defensa del ejecutado. Se pretende así facilitar en mayor medida la libre circulación de las resoluciones judiciales y mejorar el acceso a la justicia en virtud del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil, sin merma de las garantías de los justiciables.

Asimismo, se adoptan otras medidas como la extensión de las normas de jurisdicción a asuntos cuyos demandados estén domiciliados en terceros países, en materia de consumidores y trabajadores, así como en los casos de competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y cuando exista cláusula de sumisión expresa.

Finalmente, destaca el fortalecimiento de los acuerdos de elección del foro, dándose prioridad al tribunal designado en el acuerdo para decidir sobre su competencia, independientemente de si se le somete el asunto en primer o segundo lugar.

Ver nota de prensa oficial del Consejo de la Unión Europea