Litigación y Arbitraje

Con motivo de la crisis sanitaria provocada por la expansión del COVID-19, se han adoptado una serie de medidas relacionadas con suspensiones de términos en Colombia.

El endurecimiento de las medidas de confinamiento en España y, como consecuencia, el cierre de toda actividad empresarial no considerada esencial, hace imprescindible tener muy presentes esta semana las medidas aprobadas en el ámbito laboral. En el terreno mercantil, ya se ha publicado en el BOE la resolución que regula el primer tramo de avales para paliar los efectos económicos de la crisis. En cuestión de impuestos, arranca la campaña de renta y patrimonio. En el terreno procesal, hay que tener en cuenta la extensión del plazo general de prescripción de las acciones personales. Y hay también cuestiones relevantes desde el punto vista de la movilidad y el transporte, en materia de reestructuraciones e insolvencias y en el ámbito del Derecho Administrativo.

Existe la posibilidad de que pueda interpretarse que un incumplimiento de lo dispuesto en el RD 463/2020, que declara el estado de alarma, o de la normativa que lo complementa, suponga un delito de desobediencia, en caso de que se cumplan ciertos presupuestos o, en caso contrario, infracción administrativa.

Las acciones personales, a las que se les aplique el plazo general de prescripción –y no uno especial-, nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015 y cuyo plazo no hubiera sido interrumpido, no prescribirán ya el 7 de octubre de 2020, pues se verán afectadas por la “suspensión” decretada durante la vigencia del estado de alarma.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 podría convertirse en una oportunidad para revolucionar el arbitraje y para mejorarlo y reforzarlo frente a la jurisdicción estatal. La flexibilidad que define esta vía alternativa de resolución de conflictos debe permitir la utilización de todo tipo de medios telemáticos y tecnológicos para seguir adelante con los procedimientos sin suspender actuaciones.

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