Derecho Europeo y de la Competencia

Entre finales de marzo y principios de abril, la Comisión Europea (“CE”) aprobó dos paquetes de ayudas de Estado para Portugal, al amparo del artículo 107 (3) (b) del TFUE, las decisiones SA.56755 y SA.56873. Según la CE, las medidas son necesarias, adecuadas y proporcionales para superar una perturbación grave de la economía de este Estado-Miembro.

Las empresas deben notificar las concentraciones cuando se cumplen determinados criterios previstos en la Ley de Competencia. Hasta que el organismo competente no comunique su decisión de no oposición a la empresa, la operación de concentración ha de quedar en suspenso. El hecho de ejecutarla contraviniendo la obligación señalada es lo que se denomina gun-jumping, o realización anticipada de una operación de concentración, y podría suponer la imposición de multas muy elevadas.

La Autoridad de Competencia, de forma similar a sus homólogas europeas, garantiza la vigilancia para detectar posibles abusos o prácticas restrictivas de la competencia que intentan aprovechar la frágil situación derivada de la actual crisis.

Según las directrices emitidas por la Autoridad de Competencia, toda notificación referente a concentraciones deberá remitirse por vía telemática. De hecho, los abogados que desarrollan su labor en esta área ya venían comunicando la mayoría de las operaciones de forma electrónica.

La economía ha sufrido una desaceleración, pero no se ha detenido. La Autoridad de Competencia anima a todas las empresas a proseguir su actividad, respetando las normas sobre competencia.

Es preciso tener en cuenta que, en principio, las ayudas de Estado están prohibidas a menos que sean consideradas compatibles con el mercado interior por la UE. Dicha prohibición tiene por objeto impedir que las aportaciones públicas beneficien de forma selectiva a determinadas empresas (ya se trate, entre otras, de ayudas de carácter fiscal, subvenciones, avales o préstamos subvencionados) en detrimento de otras, falseando así la sana competencia en el mercado interno.

Con la finalidad de evitar la propagación de la COVID-19, las directrices impuestas en la Unión Europea (“UE”) prevén la limitación del contacto social. Dicha medida, pese a ser necesaria desde el punto de vista de la salud pública, deja a distintos sectores de la economía, empresas y trabajadores al borde del colapso. La imposibilidad de prever la duración de semejantes medidas supone que el verdadero impacto económico del virus sólo se conocerá transcurrido algún tiempo. En este contexto, se han llevado a cabo distintas reformas legislativas tanto en Portugal, como en el resto del mundo. El Derecho de la Competencia ha experimentado cambios provisionales, pero realmente perturbadores, algunos de los cuales se describen brevemente en este boletín.

El 3 de abril de 2020 la Comisión Europea ha anunciado la adopción una modificación por la que se amplía y flexibiliza el Marco Temporal adoptado el 19 de marzo de 2020 para facilitar que los Estados miembros puedan dar ayudas de Estado a la investigación, los ensayos y la producción de productos relacionados con el coronavirus, así como también otorgar mayores volúmenes de ayudas de las categorías ya previstas en el Marco Temporal original.

El 19 de marzo de 2020 la Comisión Europea ha emitido una comunicación por la que se establece un Marco Temporal que permitirá autorizar con mayor flexibilidad y rapidez la concesión de ayudas estatales destinadas a respaldar la economía en el contexto del brote de COVID-19. Dicho marco temporal se basa en el artículo 107.3.b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite autorizar ayudas destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.