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El plan consiste en las siguientes cuatro fases:

• Fase 1 «Inicio de la reincorporación programada», que comenzará el 12 de mayo de 2020 y tendrá una duración de, al menos, una semana. Supondrá la vuelta al servicio de entre un 30 y un 40% de la plantilla, tanto en órganos judiciales como en fiscalías.
• Fase 2 «Preparación para la reactivación de los plazos procesales», que tendrá una duración de, al menos, dos semanas. Se prevé que el personal reincorporado ascienda al 60 o 70%.
• Fase 3 «Actividad ordinaria, con plazos procesales activados», que contempla la incorporación a los centros de trabajo del 100% de los funcionarios.
         
  El inicio de esta fase supondrá la reactivación de los plazos procesales, que quedaron suspendidos en virtud del RD 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma y cuyo cómputo se reanudará conforme a lo previsto en el RDL 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que analizábamos aquí.
• Fase 4 «Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma», que se iniciará en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias, que permitan volver a la situación de funcionamiento anterior al estado de alarma.

El plan de desescalada publicado en el BOE se puede consultar aquí: Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.