Penal

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  • El 'compliance' como instrumento necesario para la continuidad y protección de la empresa familiar

    Más allá de la necesaria prevención de delitos y la mejora de las opciones de defensa ante un eventual procedimiento penal, un ejercicio adaptado en materia de cumplimiento penal puede aportar muchos beneficios para la empresa familiar: fomenta la transparencia y objetividad en la toma de decisiones, generando confianza en las partes interesadas distintas de la propia familia, lo que refuerza la garantía de continuidad.
  • João Lima Cluny se incorpora a Garrigues para liderar la práctica de derecho penal de Portugal

    Con más de quince años de experiencia, João Lima Cluny es un abogado reconocido en el ámbito del derecho penal económico, donde ha participado en algunos de los procesos penales más relevantes del país en los últimos años.
  • Chile: Se publica la ley Nº 21.592 que establece un estatuto de protección en favor del denunciante

    La ley concibe el acceso a la protección como un derecho de todo denunciante de irregularidades en el seno de las organizaciones y garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo, que eventualmente podrían ser amenazadas como consecuencia de su denuncia o de su participación en las investigaciones respectivas.
  • Chile: Así cambia la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la Ley de Delitos Económicos

    La ley de Delitos Económicos publicada día 17 de agosto de 2023 en el Diario Oficial, ley 21.595, introduce relevantes cambios a las penas que pueden ser impuestas a las personas jurídicas, los delitos por los que pueden ser condenadas y las medidas de prevención que deben adoptar.
  • Digital Services Act: La Comisión Europea propone un nuevo marco normativo para Internet

    La Comisión Europea acaba de publicar su propuesta para regular los servicios digitales a través de dos textos que ella misma califica de ambiciosos: la Propuesta de Reglamento de Mercados Digitales (que analizamos aquí) y la Propuesta de Reglamento de Servicios Digitales, conocida como DSA por sus siglas en inglés, de la que nos ocupamos a continuación. En próximos artículos analizaremos de forma detenida los cambios que se avecinan, que no son pocos. Sirva hoy, a modo introductorio, un resumen de las principales obligaciones (y derechos) que contiene la Propuesta de Reglamento de Servicios Digitales.
  • COVID-19: El mantenimiento de la actividad productiva, ¿puede generar un potencial problema penal para los empresarios?

    En la organización del trabajo resulta esencial seguir todas las indicaciones que se trasladan desde las autoridades públicas, particularmente las sanitarias, pues la no adopción por el empresario de las medidas necesarias para garantizar que la actividad se realice en condiciones de salud y seguridad, también frente al COVID-19, de forma que se ponga en riesgo grave la vida, salud o integridad física de los trabajadores, puede constituir un delito de los previstos en los artículos 316 o 317 del CP.
  • La presión de los 'stakeholders' obliga a las empresas a reducir riesgos penales

    Artículo de Helena Prieto, socia del departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues en Madrid.