Administrativo

20-06-2018
Mediante una reciente sentencia de 24 de mayo de 2018 el Pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto la Generalitat de Cataluña contra determinados preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) con base en una posible vulneración de competencias. El fallo es parcialmente estimatorio y declara que algunos de dichos preceptos desbordan las competencias estatales invocadas e invaden las de las comunidades autónomas, estableciendo distintos efectos en función del caso.
01-06-2018
La Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, además de revisar los parámetros retributivos para las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos, aprueba una nueva instalación tipo y habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas a facilitar el acceso electrónico a las aplicaciones relacionadas con las estadísticas energéticas a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
01-06-2018
La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considera que es conforme con la normativa europea imponer el cumplimiento de los objetivos de ahorro mediante el abono de una contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y que dicha contribución recaiga únicamente sobre determinados eslabones de una cadena de suministro, siempre que la selección de las empresas obligadas responda a criterios objetivos y no discriminatorios, extremo éste que deberá ser examinado por el Tribunal Supremo.
30-05-2018
La regla general de la caducidad en los procedimientos administrativos iniciados de oficio y con efectos desfavorables para los particulares presenta una singularidad relevante en el caso del reintegro de subvenciones. En efecto, el artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones (en virtud del cual “si transcurre el plazo máximo para resolver sin que se haya notificado la resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo”) parece permitir que, incluso en los casos en los que el procedimiento esté caducado (por haber transcurrido el plazo legal máximo del que se dispone para resolver) la Administración pueda seguir adelante con las actuaciones pendientes hasta su conclusión y, por tanto, dictar una resolución de contenido distinto a la mera declaración de caducidad que puede, incluso, exigir el reintegro.

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