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A los juristas nos gusta pensar que el Derecho sirve como instrumento para orientar el comportamiento de las personas y para discernir aquello que «está bien» de lo que «está mal». Con la revolución tecnológica de los últimos años, la realidad nos demuestra que existen sin embargo cuestiones que no obtienen una respuesta ágil por parte de nuestro ordenamiento jurídico. El Derecho por detrás de la vida.

Dos ejemplos del uso indebido de las nuevas tecnologías hoy, con una difícil respuesta jurídica, son la divulgación de comentarios vejatorios o injuriosos a través de Internet y la publicación en las redes sociales de la imagen de una persona sin su consentimiento.

Los execrables comentarios vertidos en las redes sociales con motivo de la muerte del torero Víctor Barrio han coincidido con la sentencia del Tribunal Supremo que condena a varias personas por un delito de enaltecimiento del terrorismo, por comentarios vertidos en las redes sociales en el año 2012, es decir, hace ahora cuatro años. El efecto amplificador de Internet y la alarma social provocada obliga a preguntarse ¿está dotado realmente nuestro sistema legal de los mecanismos necesarios para reaccionar ágilmente frente estos comportamientos?

No cabe duda que la sentencia del Tribunal Supremo constituye en sí misma una excelente noticia. El eje de su razonamiento es tan claro como rotundo: la libertad de expresión no puede ofrecer cobijo a expresiones que encierran desprecio a las víctimas, sin que ello suponga criminalizar opiniones discrepantes. Pese a ello y pese a las penas impuestas, los delitos de injurias y amenazas en las redes sociales no dejan de aumentar cada año. Un incremento que llega, además, en el peor momento: el 43% de los juzgados españoles soporta una carga de trabajo superior al 150% de la media fijada por el Consejo General del Poder Judicial. La consecuencia es obvia: unos comentarios constitutivos de delito, tras ser denunciados, pueden tardar años en resolverse. Algo muy similar sucede en la jurisdicción civil, en la que una demanda judicial por intromisión al honor suele tardar cinco años en ser resuelta por el Tribunal Supremo.

Sin duda alguna, es un tiempo excesivo. No solo para quien busca obtener una reparación de su propia estima y del reconocimiento público de su propia dignidad —derecho al honor—, sino también para la propia sociedad, obligada a convivir con unas conductas merecedoras de un severo reproche pero que, por esta dilación, gozan de una «aparente» impunidad. Nada se parece tanto a la Injustica, como una Justicia tardía, decía Séneca.

La respuesta del legislador a este fenómeno generalizado de los comentarios injuriosos a través de Internet pasaría por dotar a nuestro sistema de un procedimiento mucho más rápido y efectivo —similar a las Diligencias de Urgencia—, compatible con todas las garantías procesales. Algo que permitiría erradicar la sensación de impunidad que sobre este tipo de conductas puede tener el ciudadano.

Otro de los retos —quizá de menos importancia— que las redes sociales ponen hoy sobre la mesa es el de la publicación de imágenes de terceros sin su consentimiento. Una persona puede consentir la captación de su imagen —posando por ejemplo— y oponerse a su difusión en las redes sociales por interpretar que esa imagen pertenece a un entorno más íntimo. Es evidente que son cosas distintas. Por este motivo, por extendida que esté la práctica de etiquetar y publicar en Internet imágenes de terceros, este uso social no puede amparar la renuncia de nadie a su propia imagen, al tratarse de un derecho fundamental y, por tanto, indisponible. Otra cosa distinta es que la persona en cuestión consienta la difusión de su imagen en las redes sin preocuparse en limitar o restringir la misma y que, por ello, pueda tener un umbral de protección más laxo, una circunstancia a valorar por los Tribunales.

Ambas cuestiones —comentarios a través de Internet y publicación de imágenes de terceros sin su consentimiento— tienen, a mi modo de ver, un mismo origen: la falta de conciencia de los usuarios de Internet sobre la verdadera trascendencia de sus actos: una total ausencia de educación digital.

Hace algunos años el vicepresidente de Google, Vinton Cerf, afirmaba en unas declaraciones que Internet es el espejo de la sociedad que lo usa y que si te pones delante de un espejo y no te gusta lo que ves, no es culpa del espejo. No puedo estar más de acuerdo. Y es precisamente por ello que, al margen de reformas legislativas de mayor o menor calado, nuestros poderes públicos deberían preocuparse por emplear en este entorno el arma más poderosa que existe para cambiar la sociedad: la educación.