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¿Nuevos incentivos fiscales a la internacionalización?

08/12/2012
Artículos de profesionales

Desde los años noventa, impulsada por la apertura de los mercados y la globalización de las relaciones económica, España ha pasado de ser un país importador a ser un país exportador de capital en términos netos. Además, la empresa española ha ido evolucionando en el alcance y nivel de compromiso de sus inversiones en el extranjero, pasando de la mera exportación a la implantación directa en el extranjero.

 

Lorena Colomer
El Pueblo - La Cuerda

Sin embargo, la presencia española en el exterior está todavía muy por debajo de su capacidad potencial. Muchas empresas españolas, en particular las PYMEs, perciben la internacionalización como una necesidad inmediata para dar salida a stocks o aprovechar la existencia de capacidades productivas ociosas. Estas empresas tienen a menudo dificultades para consolidarse de forma estable en el exterior, puesto que actúan para dar una respuesta puntual a la debilidad del mercado interior, careciendo de una estrategia estable y permanente a medio o largo plazo dirigida al crecimiento y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Competir en otros mercados es complejo, se requiere invertir recursos y tiempo y no se trata de un proceso que se pueda llevar a cabo con prisas y a la desesperada. Por ello, es clave conocer con carácter previo los mercados dónde se quiere ir (competidores, barreras de entrada, etc.) y cómo se quiere ir en relación a un producto concreto (agentes, distribuidores, implantación directa, etc.) para finalmente trazar un plan de acción que establezca los presupuestos, las acciones a desarrollar y analice los recursos necesarios para llevarlo a cabo. En este sentido, los aspectos fiscales son un elemento fundamental a considerar en todo plan de internacionalización.

Sería ciertamente arriesgado tomar la decisión de entrar en un país sin conocer los impuestos que van a ser de aplicación puesto que éstos podrían actuar como barrera de entrada (aranceles, impuestos indirectos a la importación, etc.). Además, la planificación fiscal de la inversión permite maximizar el retorno de la inversión al reducir la carga fiscal global de los beneficios obtenidos en el extranjero hasta su repatriación a España. Para ello es necesario conocer los sistemas para evitar la doble imposición de dividendos y plusvalías introducidos por el legislador, así como la red de Convenios de Doble Imposición española que en los últimos años se ha visto mejorada notablemente.

Por último, es fundamental conocer y optimizar la aplicación de los incentivos fiscales a la internacionalización que el legislador español, consciente de la relación directa existente entre internacionalización y crecimiento, ha venido desarrollando para mejorar la competitividad de nuestras empresas en el exterior. Es cierto que en los últimos años el legislador se ha visto obligado a eliminar algunos de estos incentivos como consecuencia de los procedimientos de infracción seguidos por la Comisión Europea contra España. Este fue el caso la deducción por actividad exportadora (DAEX) y de la amortización del fondo de comercio financiero que, desde su introducción en el año 2002, había servido de estímulo para internacionalización a través de la adquisición de sociedades en el extranjero.

Sin embargo, en la actualidad todavía existen algunos incentivos fiscales muy interesantes y poco utilizados, que podrían servir de apoyo financiero en los procesos de internacionalización. Por ejemplo, la reducción del 50% en base imponible de los ingresos brutos procedentes de la cesión de uso de determinados activos intangibles, o la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para rentas procedentes de trabajos realizados en el extranjero que trata de incentivar la movilidad internacional de trabajadores.

En cualquier caso, los agentes económicos coinciden en considerar que dichos incentivos son claramente insuficientes en la actual situación en la que la salida al exterior y la apertura de mercados es fundamental para el crecimiento y la creación de empleo. El apoyo a las empresas que se internacionalizan resulta más necesario que nunca. Por ello, a pesar de las actuales necesidades de recaudación, la introducción de nuevos incentivos que sean eficaces y sirvan de apoyo a las empresas que acometan proyectos de internacionalización debe seguir siendo una prioridad, si bien éstos deberían abordarse dentro de los límites del Derecho comunitario.

En este sentido ojalá que la muy esperada Ley de Emprendedores, que en campaña electoral el Partido Popular prometió aprobar y que se ha ido retrasando, recoja nuevos incentivos a la internacionalización. Desde el Ministerio de Economía se trabaja en su preparación y ya han comenzado las rondas de consultas informales a los agentes sociales (empresas, profesionales, etc.).

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