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El pasado 10 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (en adelante, “Ley 20/2013” o “la Ley”).

Dicha norma, de acuerdo con su Preámbulo, “busca establecer los principios y normas básicas que, con pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, garanticen la unidad de mercado para crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes, en favor de la creación de empleo y de crecimiento, y en beneficio último de los consumidores y usuarios que tendrán un mayor acceso a productos y servicios de calidad”.

Atendiendo a dicho objetivo, todas las Administraciones Públicas habrán de observar los principios recogidos en la Ley, en todos sus actos y disposiciones y para todas las actividades económicas , y especialmente en aquellas actividades que, bien por su carácter estratégico (telecomunicaciones, energía, transportes) bien por su potencial para la dinamización y el crecimiento económico (distribución comercial, turismo, construcción, industrias creativas y culturales, alimentación, sector inmobiliario, infraestructuras) resultan de especial relevancia para la economía.

Exponemos a continuación los aspectos esenciales de la Ley, que consta de 28 artículos agrupados en siete capítulos, diez disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, siete disposiciones finales y un anexo.

1. Objeto y ámbito de aplicación

2. Principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de circulación

3. Creación del Consejo para la Unidad de Mercado

4. Garantías al libre establecimiento y circulación

5. Principio de eficacia en todo el territorio nacional

6. Supervisión de los operadores económicos

7. Mecanismos de protección de los operadores económicos

8. Modificaciones normativas

9. Adaptación normativa

10. Entrada en vigor