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El hecho de que una actuación de comprobación e investigación no se prolongue en el tiempo más de lo estrictamente necesario es una garantía del sistema, como también lo es que si esto se produce, la Administración no pueda obtener beneficio del retraso causado por su inacción. La modificación propuesta viene a alterar este principio al hacernos creer que 27 meses es tiempo absolutamente necesario para llevar a cabo una actuación inspectora con tal de que la entidad inspeccionada haya tenido que someterse a la obligación de auditoría de sus cuentas. Así que podrá usted haber presentado la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2021 sin saber si la liquidación correspondiente al ejercicio 2014 se ha elaborado correctamente a juicio del Fisco debido a que en junio de 2019 se han iniciado actuaciones inspectoras. Una vez más la seguridad jurídica se pone al servicio de los intereses recaudatorios del Estado.

En mi última entrada a este blog, hace cuatro semanas, traté de ejemplificar, en la reacción del Fisco estadounidense frente al uso voluntario de los ciudadanos de la moneda virtual, el conflicto velado que constituye el signo de nuestro tiempo entre los intereses del poder político y los de los ciudadanos. Si el sistema no contiene suficientes contrapesos que limiten las facultades de los poderes públicos, no nos puede resultar extraño que todos estos conflictos se resuelvan en perjuicio de los ciudadanos y a favor de la parte más fuerte.

Aún no superada la crisis económica más severa de la historia moderna de este país sin que el Estado haya alcanzado el equilibrio en las cuentas públicas, sería procedente preguntarse si es conveniente propiciar una reducción de los tipos impositivos en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades (contrarrestada en algunos casos por modificaciones que suponen notables incrementos en el importe de la renta gravable) justo para que entren en vigor estas modificaciones en el año en que los ciudadanos estamos convocados para renovar la composición del Parlamento.

A esta sensación de optar por soluciones provisionales se le añade la incapacidad de los poderes públicos para ofrecer a la ciudadanía un debate responsable y para obtener consensos entre diferentes fuerzas políticas en asuntos relevantes.

Por poner un ejemplo ajeno al propósito de este blog, es incomprensible que un aspecto de tanta trascendencia social como el conflicto entre la protección del no nacido y los derechos de la madre, se resuelva de una forma tan distinta en función del partido político que gobierne sin importar que los ciudadanos, que tendrán que afrontar ciertas decisiones de una situación tan delicada, se vean sometidos a unas consecuencias jurídicas distintas en función de quien habite en la Moncloa.

Vivimos en un momento en que es necesario afrontar problemas complejos que requieren soluciones complejas y sutiles. Y sin embargo, la moneda común es la aplicación de parches de efecto temporal limitado. A esta situación se le une una corriente de opinión mayoritaria a partir de la cual la solución de todos nuestros problemas tendrá que venir del Estado. Los políticos, especialmente en época de captación de votos, no dejan de manifestar que el pueblo es sabio cuando lo cierto es que somos fácilmente manipulables a través de la presentación de una realidad tergiversada que se ofrecerá a mayor interés de los poderes públicos.

La mayor manipulación que nos puede ofrecer el poder político es la de exigir a los contribuyentes una conducta moral distinta a la que les corresponde y a la que adoptan las propios Estados a la hora de considerar su política fiscal. Trataré de justificar esta afirmación en los párrafos que siguen a continuación.

Las empresas tienen la obligación de hacer lo posible para preservar su propia supervivencia adoptando medidas que promuevan el crecimiento y/o la rentabilidad. Dentro de estos objetivos se incluye también la minimización de la factura impositiva. Los contribuyentes no tienen la más mínima obligación, ni moral ni de otro tipo, de pagar los máximos impuestos, sino más bien de adoptar las medidas, de forma honesta, para evitar que el Fisco se lleve la menor cantidad de impuestos posibles.

Por otra parte, los propios Estados compiten entre sí para atraer riqueza y prosperidad a sus ciudadanos. Instrumentos para conseguir estos objetivos son la política fiscal y la presupuestaria. Esta competencia se presenta muchas veces a través de la concesión de incentivos de carácter fiscal a emprendedores, negocios o empresas.

Dichos incentivos podrían presentarse idealmente como pequeñas islas de no tributación para aquellos que reúnan determinados requisitos (en definitiva paraísos fiscales como el que España ha promovido, por ejemplo, a través del régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros creando situaciones de desimposición local para inversores extranjeros). Lo que sucede es que los Estados en su conjunto no actúan de forma coordinada a la hora de promover estos incentivos, lo que genera ineficiencias o posibilidades de no tributación susceptibles de aprovechamiento por parte de sociedades e individuos.

No obstante, los Estados en lugar de asumir su parte de culpa por estas ineficiencias han optado por transferir la responsabilidad de dichos agujeros fiscales a los operadores económicos. Así, por ejemplo, en el colmo de las exigencias que se le pueden reclamar a estos últimos, la OCDE en su célebre informe BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) propone que estos asuman la obligación de revelar sus esquemas de planificación fiscal agresiva. Aparte de lo subjetivo que resulta tachar una conducta de agresiva o no, lo curioso es que ninguno de los Estados se ha planteado si estos han planificado agresivamente su oferta de incentivos fiscales. ¿Ven la diferencia de trato?

Los Estados cuentan con la inclusión de claúsulas antiabuso en sus leyes, con las normas relativas al abuso del derecho, con los mecanismos de cooperación internacional, con el intercambio de información internacional (automático, espontáneo o bajo petición), con la fuerza que le otorga el aparato de coacción del estado identificado en sus medios materiales y humanos, con la publicidad de sus actuaciones, con la revisión administrativa previa al acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa (y un largo etcétera) y aún con todo ello, se le exige al contribuyente que manifieste qué medidas agresivas ha adoptado para disminuir su tributación esperando de este una actitud ética cuando esta no le es exigible conforme a su naturaleza y objetivos.

Además este planteamiento es interesado y falaz, pues parte de la idea de que el Estado no asume decisiones morales y de hacerlo, estas son las adecuadas, cuando precisamente en la inacción del Estado o en una dirección inadecuada de su actuación está una buena parte de los problemas que nos afligen. Enumero alguno de los que se me ocurren en el ámbito del Estado español:

1. No se han concretado mecanismos para exigir responsabilidades en relación con las decisiones y actuaciones de nuestros políticos.

2. No se ha avanzado en la simplificación de la organización territorial del Estado y de las instituciones en búsqueda de la eficiencia en la actuación de los poderes públicos (a diferencia de Francia, por ejemplo).

3. Los políticos y los altos cargos públicos cuentan con privilegios inaceptables para la mayoría de la población.

4. El problema de la financiación de partidos políticos y sindicatos sigue sin abordarse de forma racional.

5. No se establecen barreras adecuadas de separación entre los poderes públicos y la iniciativa privada.

6. No se ha abordado el problema de la corresponsabilidad fiscal y presupuestaria entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Al parecer todos los aspectos anteriores son secundarios y lo peor de todo es que ganada la batalla de la propaganda, los poderes públicos han inoculado a los ciudadanos que el camino para la prosperidad es el aumento de las facultades de la Administración Pública, como si la generación de ideas, el crecimiento económico y el progreso social dependiera fundamentalmente del papel del Estado, cuando precisamente es al contrario.

La gente no suele darse cuenta de que la alta improbabilidad de un accidente aéreo se debe en parte a que el piloto de la nave también viaja en ella, por lo que a la hora de adoptar una decisión en una situación de crisis, no solo se pone en juego la vida de terceros sino la suya propia. Esta garantía es una de las carencias más notables de nuestro sistema político, pues nuestros dirigentes han demostrado una y otra vez que gobiernan una nave en la que no están a bordo, así que no nos puede resultar extraño que los intereses de los poderes públicos y de los ciudadanos no estén alineados.

Thomas Jefferson sabía, por la experiencia que le confirió su condición de embajador, que los ricos y poderosos roban y oprimen a los ciudadanos si tienen la más mínima oportunidad. A este respecto en sus Notas sobre Virginia decía que “en todo gobierno sobre la tierra hay algún rastro de debilidad humana, algún germen de corrupción y de degeneración que la astucia descubrirá y la malicia abrirá, cultivará y mejorará de manera imperceptible. Todo gobierno degenera cuando se confía solo a los gobernantes del pueblo. El propio pueblo es por tanto el único depositario seguro. Y, para que tenga seguridad, debe cultivarse el pensamiento.”

Me pregunto si esto es algo que habremos olvidado.