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La nueva fiscalidad no debe frenar ni la recuperación ni el crecimiento

España - 
Eduardo Abad y Gonzalo Rincón, socio y asociado principal del departamento Tributario de Garrigues en Madrid.

En línea con los rumores y diferentes anuncios que se habían realizado por los miembros del Gobierno en las últimas semanas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el miércoles en la Comisión de Hacienda del Congreso las líneas generales del esperado paquete de medidas fiscales que pretende aprobar el nuevo Gobierno socialista durante los próximos meses. En primer lugar, la ministra hizo referencia a la aprobación de una serie de medidas tributarias con la intención declarada de aumentar los recursos del Estado necesarios para poder incrementar el gasto público y consolidar, así, el Estado de Bienestar, fundamentalmente dirigidas a aumentar la carga fiscal de las grandes empresas, la banca y las entidades tecnológicas (dejando fuera, expresamente, de esta subida impositiva a la clase media y trabajadora, y a las pequeñas y medianas empresas).

En este sentido, Montero anunció la subida del tipo impositivo efectivo aplicable a las grandes empresas (probablemente refiriéndose al establecimiento del tipo mínimo del 15% del resultado contable en el Impuesto sobre Sociedades que se ha venido comentando

en las últimas semanas) y la creación, de manera coordinada con las directrices recomendadas desde la Unión Europea, de nuevas figuras  impositivas dirigidas, principalmente, a aumentar la carga fiscal del sector bancario y de las empresas tecnológicas (en principio, aquellas cuyo negocio se relacione con la venta de publicidad online, la llamada “economía colaborativa” o tengan como negocio el tratamiento y comercialización de datos de usuarios), mediante la aprobación de la que se ha venido conociendo como “tasa Google”.

Desde otra perspectiva diferente, la ministra de Hacienda anunció la aprobación de nuevas medidas tributarias como palanca para fomentar determinados objetivos extrafiscales de interés general. Así, en primer lugar, se impulsará desde el Ministerio de Hacienda la llamada fiscalidad verde, mediante la cual, sin una finalidad especialmente recaudatoria, se introducirán medidas fiscales con el objetivo de disuadir  determinadas malas prácticas en materia medioambiental (y que, en principio, declaró Montero, no afectarán a los bolsillos de autónomos y particulares). Por otro lado, se impulsará la fiscalidad con perspectiva de género, mediante la cual el sistema fiscal se pondrá al servicio del objetivo del Gobierno de superar las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad; impulsando, entre otras, medidas fiscales  dirigidas a combatir la violencia de género, la superación de las desigualdades laborales y salariales existentes en nuestra sociedad y a reducir el efecto de la conocida comúnmente como “tasa rosa”. 

Fraude fiscal La lucha contra el fraude fiscal será otra de las directrices del nuevo Gobierno en materia fiscal. En este ámbito, Montero anunció la aprobación de un paquete de medidas dirigidas a la lucha del fraude fiscal, incluyendo entre las mismas la incorporación en la lista de morosos con Hacienda no sólo a los deudores tributarios, sino también a los responsables y colaboradores con el fraude fiscal, la actualización de la “lista de paraísos fiscales” o la implementación en el sistema fiscal español de nuevas medidas que, en línea con las directrices impulsadas a nivel internacional, luchen contra la planificación fiscal agresiva o el uso de estructuras offshore

Finalmente, aunque quizá con un alcance más a medio o largo plazo, anunció la necesidad de revisar en profundidad el modelo de financiación de las comunidades autónomas y entidades locales con el objetivo de dotarlas de un adecuado nivel de ingresos; necesario, a su juicio, para el cumplimiento y ejecución de las competencias que les son propias, y lograr la equidad del sistema fiscal autonómico (mediante la intención de proceder a la armonización fiscal de determinados tributos, probablemente refiriéndose de manera indirecta a la necesidad que ya ha declarado en otras ocasiones de superar las desigualdades que existen actualmente entre diferentes comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos). 

Sin perjuicio de que puedan compartirse y aplaudirse, no cabe duda, muchos de los objetivos anunciados por la Ministra Montero durante su comparecencia, será preciso analizar en detalle –atendiendo al contenido concreto de cada una de las medidas anunciadas– la evolución legislativa y el debate parlamentario sobre las mismas durante las próximas semanas. Especial referencia y atención deberá prestarse en relación con aquellas medidas dirigidas al aumento de los ingresos públicos, que no deberían en ningún caso perjudicar la recuperación de la inversión de las multinacionales (españolas o extranjeras) en España o del sector bancario, ni frenar el desarrollo del sector tecnológico y la economía digital en nuestro país.