Publicaciones

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

La Justicia que necesitamos

 | Expansión
Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues.

La modernización de la Justicia es uno de los mantras favoritos de todos los gobiernos. Es lógico, si consideramos que sin una Administración de justicia eficaz no hay libertad ni igualdad para los ciudadanos y que la seguridad jurídica que aportan la predicibilidad y la coherencia en las decisiones judiciales es indispensable para el progreso económico. 

Y, pese a su relevancia, no ha sido Pacto de Estado que fije las bases mínimas necesarias para iniciar un proceso de generaciones. El necesario para adecuar la Administración de justicia a la cambiante realidad social. No se me escapa, aunque como ciudadanos tengamos el derecho a exigirlos, la dificultad de llegar a acuerdos en cuestiones ideológicas, pero resulta aún más desalentador comprobar la incapacidad de alcanzarlos en asuntos que no lo son. 

Atrincherados en lo que nos divide no somos capaces, tampoco en esto, de ponernos de acuerdo en el objetivo que une a una gran mayoría: la eficacia de la Justicia. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de una Justicia cercana al ciudadano, pero la cercanía del siglo XIX no es la del XXI. Los nuevos medios de comunicación o Internet la han cambiado. Solo desde concepciones obsoletas se puede entender que los juzgados de primera instancia e instrucción –pensados para una España rural, de población dispersa y que viajaba a caballo– no puedan ser sustituidos por unidades orgánicas ubicadas allí donde la densidad de población es mayor. 

Qué tiene de ideológico considerar que las ventajas de las economías de escala no puedan ser aplicables a la Administración de justicia o que en el mundo de la conectividad y la digitalización, admitamos una organización judicial en la que los sistemas de distintas autonomías “no se hablen entre sí”. 

No es, tampoco, fácil entender lo que nos separa en la mejora de la calidad normativa ni en la necesidad de acometer reformas profundas y reales en la regulación penal que, más allá de parches y retoques, permitan devolverla su sentido de ultima ratio. Lo que impide el acuerdo sobre aspectos como los señalados no pueden ser diferencias ideológicas sino exigencias del cortoplacismo, falta de capacidad de las partes implicadas o intereses personales o colectivos. 

Causas, todas ellas, rechazables. Tenemos una Justicia muy estimable. Leemos cada año sentencias discutibles y fallos contradictorios pero solo representan una parte muy pequeña de los millones de asuntos resueltos. La prueba de sus virtudes es que, instalada en un edificio del siglo XIX, nuestra Justicia sigue sirviendo razonablemente a las exigencias del siglo XXI.

Pero ésta no puede ser la excusa para no alcanzar un acuerdo urgente sobre la Justicia que necesitamos. Si no lo hacemos ahora, las grietas socavarán definitivamente la estructura del edificio y será tarde. Y, por si fuere necesario, recordemos, una vez más, que sin una Justicia eficaz no tendremos el estado de derecho que la mayoría queremos.