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 Pero cuando descendemos del mundo de las ideas y los conceptos al de las realidades, e intentamos aplicar la teoría al mundo real, ese consenso unánime deja de serlo. ¿Deben (o pueden) todas las empresas internacionalizarse?. Parece evidente que no, o al menos no todas en el mismo grado. En mi experiencia, llevar a cabo un proceso de internacionalización requiere una serie de esfuerzos (en inversión, personal, etc.) y conlleva unos costes asociados que deben ser confrontados a los posibles beneficios que pretendemos obtener de dicho proceso. Resulta, por tanto, claro que en virtud de las características de cada empresa y de sus productos la estrategia en relación con la internacionalización deberá ser diferente, por lo que será necesario llevar a cabo un análisis pormenorizado de los pros y contras de adoptar una estrategia de internacionalización.

 En efecto, la internacionalización de las empresas puede adoptar diferentes formas y suele pasar por varias fases. La primera de ellas, la exportación, es una vieja conocida de las empresas de nuestra zona. Las empresas españolas (y las empresas de Castellón son un excelente ejemplo de ello) poseen una larga tradición exportadora que les ha permitido durante muchos años conocer bien los mercados exteriores, equilibrar mejor sus ventas y adquirir un mayor tamaño. Podemos afirmar que en esta primera fase de la internacionalización (la exportación) la empresa española (y más aún la castellonense) lo ha hecho razonablemente bien. Es ésta primera fase de la internacionalización una fase que no suele requerir un esfuerzo muy elevado ni conllevar un coste excesivamente alto y para determinadas empresas, resulta o bien innecesario o bien muy complejo ir más allá.

 Lo que ocurre es que en un mundo cada vez más global e interdependiente y donde nuestros competidores cada vez están presentes en más lugares, no siempre es posible servir a nuestros clientes sin movernos de casa (por motivos logísticos, de precio, etc.) por lo que habrá casos en los que el esquema de la exportación no será suficiente y la empresa deberá dar un paso más y adentrarse en una segunda fase del proceso de internacionalización: la implantación en el exterior. Es esta segunda fase la que presenta mayores complejidades y en la que a la empresa española le queda todavía más por hacer.

 Llegados a este punto en el que la empresa (probablemente tras muchos años de exportar a esos mercados) debe dar el paso de la implantación exterior, resultará crítico plantearse los aspectos fundamentales a analizar antes de iniciar la misma.

 En primer lugar, lo primero que una empresa deberá decidir cuando va a invertir en otro país es la forma jurídica que utilizará, pues las consecuencias para la empresa de la utilización de cada una de las formas jurídicas serán diferentes tanto en el país de destino de la inversión como en el país de origen de la misma.

 Las formas jurídicas más habituales son la filial (que posee personalidad jurídica propia en el país de destino y tributa separadamente en el país extranjero) y la sucursal (que es parte de la matriz española por lo que se entiende que ésta opera directamente en el país extranjero, tributa allí y responde con todo su patrimonio de las deudas de la sucursal) si bien existen otras figuras que será recomendable analizar.

 En segundo lugar la empresa deberá valorar (especialmente en un entorno como el actual de dificultad de financiación y en el que cada día existe una mayor restricción del crédito) las alternativas de financiación disponibles para el proyecto de internacionalización que se desea llevar a cabo y las ventajas e inconvenientes de cada una de dichas alternativas, al objeto de poder tomar la decisión con el menor riesgo posible. Será necesario analizar si resulta mejor obtener la citada financiación en origen (en el país de residencia de nuestra empresa) o en el país de destino, si la financiación se desea obtener vía fondos propios, préstamos de terceros o mediante un mix de las anteriores, qué garantías estamos dispuestos a aportar y dónde, etc. Cada una de las anteriores decisiones tendrá diferentes consecuencias legales por lo que será importante determinar las ventajas e inconvenientes jurídicos y fiscales de cada una de dichas alternativas al objeto de que el proyecto no solo consiga la financiación, sino que ésta sea lo más eficiente y con el menor riesgo posible.

 Asimismo, la empresa deberá analizar la red de acuerdos que España posea con el país en el que desea invertir. La existencia entre España y el país destino de la inversión de Acuerdos de protección recíproca de inversiones, de convenios de seguridad social o de acuerdos de reconocimiento y ejecución de sentencias puede facilitar significativamente la implantación y posterior operación de la empresa española en dicho país.

 En este mismo sentido será importante contrastar la existencia entre España y el país de destino de la inversión de convenios para evitar la doble imposición así como de su contenido, pues dicho convenio determinará en gran medida la tributación a la que se verá sometida la empresa española cuando reciba dividendos, intereses o cánones o cuando venda activos en el país de destino. Por ello también resultará aconsejable analizar la posibilidad de realizar la inversión a través de filiales residentes en otras jurisdicciones siempre que existan motivos económicos que lo justifiquen.

 Y por último la empresa que desee invertir en el exterior deberá revisar todos los incentivos y ayudas a la internacionalización que diversas instituciones y organismos, tanto europeos, como estatales y autonómicos, ponen a disposición de las empresas españolas.

 En resumen, una buena estrategia de internacionalización pasa por realizar una planificación detallada de la forma de exportación o implantación y, en este segundo supuesto, analizar todas las variables que pueden afectar a nuestra inversión, entre las cuales las legales adquieren una singular importancia.