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Por otra parte, como consecuencia de la contracción del consumo interno, la internacionalización de nuestra industria agroalimentaria resulta trascendental para su sostenibilidad. Salvo casos excepcionales, las empresas agroalimentarias se han visto obligadas a salir al exterior para comercializar sus productos como paso necesario para mantener su viabilidad.

Y para abordar con solvencia en este proceso de salida al exterior, nuestras empresas del sector deberían adquirir mayor dimensión, capacidad y competitividad. Lo cual es más evidente si cabe en el ámbito de las cooperativas agrarias, que se encuentra muy atomizado: en España existen cerca de cuatro mil cooperativas agrarias y ninguna se encuentra entre las veinticinco más grandes de la UE.

De este problema de atomización es consciente el sector desde hace muchos años y viene tratando de manera reiterada la necesidad de impulsar proyectos de integración de cooperativas y otras entidades asociativas, que generen sinergias y favorezcan su competitividad, redimensionamiento, modernización e internacionalización. Ahora bien, siguen siendo bastante escasos los proyectos de integración que definitivamente culminan, y sobre todo entre las entidades de mayor dimensión o entre cooperativas de segundo o ulterior grado.

Con la finalidad de fomentar la integración de las cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, el Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2012 aprobó un Anteproyecto de Ley que contempla tres medidas principales: i) la creación de la “Entidad Asociativa Prioritaria”, de ámbito supraautonómico, cuya naturaleza jurídica se encuentra pendiente de determinar; ii) la articulación de un Plan Nacional de Integración Cooperativa que permita la coordinación de las políticas de fomento asociativo del Ministerio con las Comunidades Autónomas y el sector; y iii) la consiguiente modificación de la Ley de Cooperativas de 1999 y la Ley sobre régimen fiscal de 1990.

Esta reforma podría ser una buena oportunidad para fomentar la integración de la industria agroalimentaria, pero lo cierto es que dicho intento podría resultar en vano, dado que las competencias en materia cooperativa corresponden en exclusiva a las Comunidades Autónomas. Así, en Andalucía el Parlamento aprobó a finales de 2011 una nueva Ley de Cooperativas Andaluzas que, según su Exposición de Motivos, tiene, entre otros propósitos, favorecer la integración del tejido cooperativo agrario. Actualmente, se encuentra pendiente de aprobación el Reglamento de desarrollo por el Ejecutivo andaluz.

En estos momentos de crisis y reformas estructurales debemos tener altura de miras y pedir mayor coordinación a los legisladores (estatal y autonómico). Sirva a título de ejemplo, y a pesar de las distancias temporales y geográficas, la primera Ley francesa de Orientación Agrícola promulgada en 1960 por el General De Gaulle, que asentó bases muy sólidas sobre las cuales se desarrollaría el avance de la agricultura francesa, y ha permitido a Francia erigirse como la tercera potencia mundial en exportación, considerando además la fortaleza de sus estructuras productivas y de comercialización.

Sin perjuicio de que tales reformas cualitativas y coordinadas son necesarias para fomentar la concentración del tejido cooperativo, existen instrumentos legales, tanto contractuales como societarios, para desarrollar procesos de integración que resulten satisfactorios y a la medida de lo que requieran en cada caso las entidades agroalimentarias.

Finalmente, debe pedirse también generosidad y altura de miras a los miembros de los Consejos Rectores de nuestras cooperativas agrarias, que con determinación deben impulsar y promover proyectos de integración que generen sinergias, valor y dimensión, que faciliten el desarrollo empresarial de sus cooperativas, en beneficio del entorno rural y de su población y que, por ende, contribuyan a la sostenibilidad del sector agroalimentario español.