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La crisis, los impagos y su reclamación

18/07/2012
Artículos de profesionales

En los últimos tiempos la gestión de la morosidad se ha convertido en una de las “luchas” diarias de las empresas. Resulta fundamental tener en cuenta algunos consejos para intentar evitarla, en la medida de lo posible, o al menos situarse en una situación favorable en caso de tener finalmente que acudir a una, en ocasiones, inevitable reclamación judicial.

 

Elena López Ayuso
La Verdad de Murcia

Tanto al inicio como a lo largo de la relación comercial es de vital importancia documentar por escrito los derechos y obligaciones de las partes para evitar futuros malentendidos, por medio del correspondiente contrato o, si ello no fuese posible, al menos con un presupuesto, nota de encargo, fax de aceptación de pedido u oferta, un intercambio de correos electrónicos, etc, tratando siempre de evitar la contratación verbal, que ocasiona un evidente problema de prueba. En el caso de conceder un aplazamiento en el pago, resulta conveniente exigir al menos la entrega de un pagaré por el importe aplazado, pues ello no solamente nos permitirá acudir al descuento bancario sino que nos dotará de un título que podremos reclamar con carácter ejecutivo ante los tribunales en caso de incumplimiento del pago mediante un Juicio Cambiario.

Llegados al punto en el que el impago se ha producido, se debe actuar con la mayor celeridad posible para tratar de asegurar el cobro antes de que otros acreedores se coloquen en situación de preferencia o incluso de que el deudor sea declarado en concurso. Lo recomendable sería efectuar en primer lugar una reclamación extrajudicial por escrito, preferiblemente mediante burofax por su carácter fehaciente, y tratar de obtener, si ello fuese posible, un reconocimiento de deuda por parte del deudor (mucho mejor si es en documento público, pues ello nos permitirá en caso de incumplimiento acudir a un procedimiento judicial directamente ejecutivo). En caso de no conseguirse el cobro por la vía amistosa, el acreedor se vería abocado a un procedimiento judicial, existiendo diferentes tipos en función, básicamente, de la documentación soporte justificativa de la deuda.

Así, en caso de deudas documentadas en un título-valor (cheque, pagaré, letra de cambio), puede iniciarse el antes mencionado Juicio Cambiario, en el que ya con la mera admisión a trámite de la demanda el Juzgado acuerda el embargo preventivo de bienes del deudor. Si éste no se opone a la demanda, se podrá iniciar la ejecución y los embargos se transformarán en ejecutivos, accediendo así a la vía de apremio para realizar los bienes (mediante subasta, etc) y cobrar la cantidad reclamada, más intereses y costas. Si el deudor se opusiese (por motivos bastante limitados recogidos en la Ley Cambiaria y del Cheque) se convocará una vista de Juicio Verbal en la que el acreedor contestará a la demanda de oposición.

Si la deuda está vencida y es exigible, y se encuentra acreditada mediante documentos firmados, sellados o de otro modo identificados como provenientes del deudor, o bien mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones o cualesquiera otros documentos que habitualmente documenten deudas, aunque se hayan creado unilateralmente por el acreedor, puede acudirse al Procedimiento Monitorio, que puede iniciar directamente el acreedor sin necesidad abogado ni de procurador - lo que abarata considerablemente el procedimiento – mediante una solicitud acompañando los documentos que acrediten la deuda. Si no paga ni comparece, se podrá iniciar la vía ejecutiva con una mera solicitud, y requerir inmediatamente el embargo de bienes del deudor. De oponerse, el proceso continuará como proceso declarativo (juicio verbal u ordinario).

Si el deudor se encuentra domiciliado en otro Estado Miembro de la UE, puede reclamarse la deuda mediante un Procedimiento Monitorio Europeo regulado específicamente en el Reglamento 1896/2006, de 12 de diciembre, muy sencillo y basado en formularios normalizados.

En defecto de los procedimientos anteriores, habrá de acudirse a un procedimiento declarativo (verbal u ordinario, en función de si la cuantía reclamada es inferior o superior a 6.000€), cuyos trámites son más largos (en especial el ordinario, que incluye la celebración de dos vistas) hasta dictarse Sentencia, que es provisionalmente ejecutable a pesar de haberse recurrido.

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