Incertidumbre fiscal
Cuando planificamos nuestra acción empresarial, en realidad cualquier faceta de la vida, tenemos asumido que la incertidumbre no es excluible, está necesariamente presente y de ahí nace el riesgo asociado a nuestras decisiones. También de ahí surge la oportunidad y la posibilidad de ganancia (o pérdida), clara regla del juego aceptada por todos.
Que padezcamos la incertidumbre no significa sin embargo que no queramos y nos convenga poner todo nuestro empeño en reducirla en la medida de lo posible. Una parte relevante de ese empeño es colectivo y se lo hemos atribuido a nuestros funcionarios de la Administración del Estado y a los políticos que representándonos ejercen el Gobierno de éste en sus distintos niveles.
El trabajo de producción normativa, el desarrollo de la función reguladora, es de una enorme importancia para todos nosotros, y es una de las tareas a las que como sociedad deberíamos asignar nuestros mejores recursos y en cuantía suficiente. La complejidad de la realidad y la urgencia de la situación no pueden ser excusas para no contar con una regulación idónea y segura, estable y predecible.
En el ámbito de los impuestos estamos viviendo una etapa complicada. Aunque el aumento del IRPF se produjo sólo para dos años, 2012 y 2013, muchos nos tememos que se va a prorrogar; ya ha pasado con la resurrección del Impuesto sobre el Patrimonio. Posiblemente se presente de nuevo como inevitable, como un aumento impuesto de impuestos, pero nos gustaría una acción de gobierno que no contribuya a aumentar la incertidumbre, que nos ayude a planificar las consecuencias de nuestras decisiones.
Y también nos gustaría contar con unas normas que pudiésemos aplicar con la suficiente seguridad de que lo estamos hacemos bien, y que requieran un esfuerzo de cumplimiento proporcionado con los fines perseguidos. Estos días estamos apurando el plazo para cumplir la nueva obligación de informar sobre bienes situados en el exterior; el nivel de detalle y lo prolijo de la información que se requiere es de tal magnitud que uno no puede más que pensar que no se da esta deseada proporción. Y la incertidumbre sobre si el cumplimiento ha sido el adecuado es incluso más grave que la causada por la evolución futura de la normativa.
Nos consta que hay magníficos profesionales al frente de esta función reguladora, y nos merecemos excelencia y finura en su trabajo. Deben contar con el tiempo y los recursos necesarios para ello, y a todos nos conviene ese esfuerzo de medios. A todos nos interesa que asuman que del diálogo franco y amplio con los agentes privados sólo pueden derivarse beneficios para su trabajo.