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Más allá de modificar la lista de puertos de interés general, y de cómo sea la gestión, o de la importancia que todo ello pudiera tener para la unidad y defensa nacional, el auténtico debate sobre el modelo portuario español debería ser puramente económico.

El Anexo I de la LPEMM (Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) establece el listado de los puertos de interés general cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado. Salvo Denia y alguna otra excepción, la citada lista incluye la práctica totalidad de los puertos comercialmente relevantes para el transporte marítimo. El resto de los puertos son competencia de las Comunidades Autónomas y, salvo contadas excepciones, son generalmente puertos pesqueros y/o deportivos.

Los partidos nacionalistas vienen pidiendo históricamente que se adelgace la lista de puertos de interés general de forma que algunos de ellos (Barcelona, Bilbao, etc.) pasen a ser competencia de las CCAA o, subsidiariamente, que la cogestión actual de los mismos (compartida por el Estado y las CCAA) tenga un peso autonómico incluso mayor que el actual, aun cuando se mantenga efectivamente la titularidad estatal y la condición de interés general de los citados puertos. De hecho, la Ley 62/1997, que reformó en su momento la Ley de Puertos para introducir la cogestión indicada en los puertos, obedeció justamente a una de las exigencias nacionalistas para que se pudiera formar Gobierno en 1996.

Ahora parece que se pretende dar una nueva vuelta de tuerca al asunto (ídem con los aeropuertos) como condición para apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Más allá de modificar la lista de puertos de interés general, y de cómo sea la gestión de los mismos (estatal, autonómica o ambas), o de la importancia que todo ello pudiera tener para la unidad y defensa nacional, el auténtico debate sobre el modelo portuario español debería ser puramente económico y no depender meros avatares políticos. ¿Se ha pensado razonablemente reducir o agrupar, al igual que Italia, no los puertos, sino algunas autoridades portuarias limítrofes o pertenecientes a una misma fachada como, de hecho, ya ocurre en algún caso (puertos de las islas Baleares)? ¿Y aumentar la competitividad entre los distintos puertos? ¿Y reconsiderar el principio de autofinanciación o el Fondo de Compensación Interportuario? Cualquier cambio que, en su caso, se apruebe, no sólo debe ser por consenso amplio (no por mayorías), sino además proyectado para ser duradero.

No es baladí que una de las razones del relativo éxito de nuestro modelo portuario actual es que es fruto de un amplio consenso, lo que, por desgracia, no ocurre en otros campos (Educación, etc.) que también demandas políticas de Estado.