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En concreto, se incorpora la obligación para las grandes empresas y para las sociedades que tengan la consideración de entidades de interés público y que formulen cuentas consolidadas, de incluir en el estado de información no financiera del informe de gestión consolidado la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo y el impacto de su actividad respecto a determinadas cuestiones, incluidas las relativas al personal o al respeto de los derechos humanos.

Por su parte, se incorpora la obligación para las sociedades cotizadas que deben emitir informe anual de gobierno corporativo, de añadir al mismo una descripción de la política de diversidad en relación con el consejo de administración, incluyendo sus objetivos, las medidas adoptadas, la forma en la que se han aplicado y los resultados en el período de presentación de informes así como las medidas que, en su caso, hubiera acordado en este sentido la comisión de nombramientos. Dicha política de diversidad deberá comprender cuestiones como la formación y experiencia profesional, la edad, la discapacidad y el género, debiéndose referir este último aspecto a las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres. En caso de no aplicarse una política de este tipo, se deberá ofrecer una explicación al respecto.

Este Real Decreto-ley ha entrado en vigor el 26 de noviembre de 2017, aunque las modificaciones introducidas por el mismo resultarán de aplicación a los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2017.

A través del siguiente enlace se puede acceder a la norma: https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/25/pdfs/BOE-A-2017-13643.pdf