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Compartiendo la inquietud del Gobierno sobre la crisis fiscal y la necesidad de una reforma tributaria, he venido adelantando algunos estudios sobre los efectos del proyecto de ley presentado a consideración del Congreso, y veo con preocupación dos grandes temas.

De una parte, sobre la financiación del posconflicto dada la insuficiencia presupuestal y del cupo de deuda, para no incurrir en impuestos adicionales para lograr la construcción de la paz en las zonas más afectadas por el conflicto armado, observo que se incluyeron en la reforma tributaria solo tres artículos con unos beneficios de tarifas de renta para las empresas nuevas de dichas zonas.

Esta reforma no solo disminuye en algunos casos los beneficios existentes, como los referentes al empleo de reinsertados que se derogan, a la renta cero que en algunos departamentos era de ocho años, sino que en su conjunto serían ineficaces para generar un desarrollo económico y social de dichas zonas, como requerimiento para construir una paz estable y duradera, propósito definido por el Presidente de la República.

A este efecto, reitero la necesidad de incluir el conjunto de incentivos propuestos, que implican corregir las diferentes distorsiones existentes (seguridad jurídica y social, infraestructura, asentamientos empresariales, cadenas productivas rurales, empleo, comercialización, financiación y tejido social) que afectan o anulan la rentabilidad empresarial y agrícola, y que de mantenerse impedirán que se genere el empleo y la producción campesina, en dichas zonas. Esta política implica incorporar no solo a los afectados por el conflicto armado, sino a los campesinos que se dedican a la siembra y cosecha de coca y de los mineros ilegales, para que haya una verdadera transformación económico social de las mismas.

Realidad

El otro aspecto de preocupación me surgió al hacer un análisis global de los efectos recaudatorios de la reforma tributaria propuesta, lo cual he venido discutiendo con la Dirección y las bancadas del Partido Liberal en el Congreso y, como ciudadano y tributarista, considero mi deber generar una alerta sobre los resultados recaudatorios del actual proyecto de ley de reforma tributaria, hecha con cifras gruesas, dado que no se cuenta con una información oficial al respecto.

La reforma tributaria propuesta, que aunque profunda no es estructural ni progresiva, generaría según mis cálculos, una reducción en el recaudo de 2,5 billones de pesos para el año 2017, dado que los incrementos del IVA, los nuevos impuestos verdes y la sobretasa de renta no compensan los 17 billones que el Cree y su sobretasa generaron en el 2016 y que ahora son eliminados; esto adicionado a la disminución del impuesto a la riqueza en casi 3 billones de pesos menos respecto del año 2016. Esta caída del recaudo se agrava en los siguientes años en los cuales no existirían las sobretasas de renta, y donde el impuesto de las sociedades se ha disminuido de un acumulado que llegaría hasta el 43 % a un unificado del 32 %, sin que sean compensados por los recaudos de nuevos contribuyentes y una mayor carga a las personas naturales.

Ello implicaría, paradójicamente, que aun aumentando el IVA permanentemente al 19 %, y asumiendo el costo de un sistema tributario regresivo, se disminuiría el recaudo y se mantendría el riesgo de que se le retire a Colombia el grado de inversión por parte de las calificadoras internacionales. Esta situación generaría para los próximos años una crisis fiscal, que pondría en riesgo la financiación del posconflicto y la construcción de la paz estable y duradera.

Consciente de la situación fiscal actual y de las necesidades apremiantes de recursos, considero conveniente que se adopten unas medidas transitorias por los años 2017 y 2018, y dejar que en este último año se realice la verdadera reforma estructural, con el tiempo y los estudios que certeramente lleven a solucionar el déficit fiscal y reorientar el sistema tributario bajo los principios de progresividad, igualdad, justicia y simplicidad.