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Dos recientes sentencias, una del TJUE de 8 de junio de 2017 (Caso “Vinyls”) y otra de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 17 de octubre de 2017 (Caso “Orizonia”), confirman la creciente importancia de la normativa concursal europea. Ambas analizan la regla de veto del Reglamento Europeo de insolvencias, que permite al demandado “escapar” de una acción de reintegración si logra probar que el acto o contrato que se impugna fue sometido por las partes a una ley diferente de la ley del Estado del concurso y que, según esa ley elegida por las partes, el acto o contrato no es impugnable. De esa forma, la ley elegida por las partes “veta” e impide la aplicación de la normativa concursal nacional.

Esta regla de veto es relevante para los contratos que, pese a presentar vínculos con un solo Estado, son “internacionalizados” por las partes mediante la elección de la ley de un Estado distinto para regular el contrato. Esta facultad de elección de otra ley, muy habitual en ciertos sectores comerciales (aeronaves, buques o servicios profesionales) es posible siempre que esa decisión de que el contrato se regule por una ley extranjera no tenga carácter abusivo por responder únicamente al intento de obtener un tratamiento más beneficioso en caso de inicio de una insolvencia. La sentencia del TJUE en el Caso “Vinyls” ya deja entrever que no es sencillo determinar en qué casos la elección de la ley de otro Estado responde a una práctica estándar y legítima (buscar la norma más adecuada para regular el contrato) o a una práctica prohibida (intentar influir sobre las normas concursales nacionales en caso de insolvencia posterior de una de las partes).