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El mundo jurídico español tiene demasiadas asignaturas, demasiados retos pendientes. Llevamos mucho tiempo dando vueltas y vueltas alrededor de unos problemas, perfectamente identificados y delimitados, sin afrontarlos cara a cara, de frente y por directo. No son sin duda fácilmente solubles -en esta época todo es crecientemente complejo- pero bastaría un mínimo de determinación colectiva, de colaboración entre instituciones públicas y privadas y de consenso entre partidos políticos para poner en marcha un proceso que podría cambiar el signo de la situación incluso a corto plazo.

Esta reflexión aunque es válida para el mundo jurídico en su conjunto, tiene una especial aplicación al mundo judicial. EXPANSIÓN ha dedicado a este tema muchas y buenas páginas en donde han quedado reflejados los déficit actuales y todos los posibles remedios para superarlos, destacándose siempre el problema de una lentitud exagerada tanto en la tramitación como en la ejecución, que en muchos casos acaba dejando sin sentido los valores y objetivos de la justicia.

En la abogacía española nos ha llegado el momento de aumentar el nivel de exigencia

En estos momentos el resumen de las medidas fundamentales a adoptar sería el siguiente:

Aumentar el número de jueces hasta superar la media europea que es de 16 por cada cien mil habitantes, mientras que en España es el 11,1 una cifra inferior a la de Portugal que es el 18,4, y similar a la de Francia, aunque en este país el número de litigios por habitante (1 por cada 5) es claramente menor que en España (2 por cada 5). En Alemania y en otros países el número de jueces duplica el nuestro, dándose además la circunstancia de que gastamos bastante más que la mayoría de los países europeos en la administración judicial. (76,40 euros por habitante y la media europea es de 62,77). Tenemos que europeizarnos en todos los aspectos.

Una mejora permanente de la formación profesional y un avance decidido y progresivo hacia especializaciones en áreas de actuación que las requieran y entre ellas los delitos económicos y tecnológicos, y en concreto la ciberdelincuencia, en donde en razón de su extrema complejidad existe una grave desproporción entre los objetivos a lograr y los medios de los que se dispone y los conocimientos que se tienen.

Refuerzo y modernización de los equipos tecnológicos y de manera urgente la homogeneización de todo el sistema que es una de esas asignaturas pendientes, denunciadas desde hace tiempo, en las que las resistencias de cualquier tipo, incluidas las autonómicas, no deben prevalecer. Es sencillamente irracional oponerse a una completa compatibilización que favorecería la unificación de criterios jurídicos y la armonía y coherencia de nuestra jurisprudencia.

Desarrollo de una cultura que favorezca el recurso a la mediación y al arbitraje como fórmulas alternativas de solución de conflictos, lo cual permitiría no solo reducir la carga del sistema judicial y acelerar y abaratar el coste de las decisiones sino incluso y sobre todo generar un modelo radicalmente distinto de comportamiento humano ante la discrepancia y el desacuerdo menos agresivo y más convivencial.

Establecimiento de un sistema que, con las debidas garantías, premie la productividad y penalice la ineficacia de los jueces siguiendo alguno de los modelos europeos, porque frente a ejemplos admirables de absorción desmesurada de carga de trabajo y agilidad en la toma de decisiones -que son además la mayoría- se encuentran situaciones de abandono de responsabilidades y de lentitud injustificables.

Un pacto político que logre implantar la independencia efectiva del poder judicial y evite una politización creciente que ya ha dañado con gravedad la imagen de la justicia y su credibilidad ante los ciudadanos y que puede conducirnos a situaciones aún más deplorables de las que hemos soportado en los últimos años. No es aceptable que los partidos políticos se resistan a llegar a acuerdos en muchas materias en las que el esfuerzo -tanto el ideológico como el político- sería mínimo.

Estas medidas -seguro que habrá otras- mejorarían sin duda la imagen de la Justicia española que es un factor clave de la calidad democrática y afecta al buen funcionamiento de todos los demás estamentos, incluido el político y el económico. Vivimos y vamos a vivir una época en la que la aceleración de cambios, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y las tendencias a la polarización, van a ser las constantes a las que habituarse y adaptarse. La justicia va a tener que ser la referencia básica y la más segura. No puede limitarse a la tramitación de asuntos concretos. Tiene que ser consciente de su capacidad de influencia en los debates que vive y va a vivir la sociedad.

La abogacía, por su parte, tiene entre sus primeras obligaciones la de colaborar de una manera más directa, más intensa y más comprometida con todo el estamento judicial y mejorar una relación que ha tenido en el pasado demasiados desencuentros aunque ahora está mejorando de forma clara y decidida, entre otras cosas porque se está poniendo en evidencia que hay muchas tareas en las que se podría colaborar con eficacia. El Consejo General de la Abogacía está cumpliendo en este sentido un papel que merece reconocimiento porque no hay otro camino que una sinergia de esfuerzos en la que habría que incorporar más plenamente al mundo académico jurídico.

Por otra parte, tanto el mundo profesional como el académico, tendrán que asumir nuevas e importantes obligaciones para adaptarse a las nuevas realidades que podrían resumirse así:

El mundo de “lo jurídico” está en permanente expansión como consecuencia del aumento geométrico de la sensibilidad legal, tanto en términos agresivos como defensivos, derivado de la evolución económica y democrática. En los países más desarrollados–-y con más pausa pero también en los emergentes-–las sociedades se volverán -de hecho se están volviendo- inevitablemente más litigiosas y conflictivas en todos los terrenos de la relación y convivencia humanas y ampliando sin cesar los ámbitos de actuación jurídica, en los que es difícil encontrar profesionales debidamente preparados.

La complejidad operativa que se va a producir, de un lado, por la mezcla y superposición de sistemas jurídicos distintos y de otro por el nacimiento de “nuevos derechos” tanto como consecuencia de las nuevas realidades y sensibilidades como del impresionante avance científico y tecnológico en todas las áreas pero muy especialmente en el campo de la informática y de las telecomunicaciones, en el de la ecología y en el de la biología y la ciencia médica.

Finalmente habrá que tener en cuenta los nuevos fenómenos que va a generar una globalización económica y cultural que se está produciendo con muy escasos controles democráticos y legales. Se irá poniendo en evidencia la necesidad de instituciones globales eficaces y de un nuevo orden jurídico, o al menos de unos principios de derecho global, que estén en condiciones de ordenar y controlar los abusos de derechos humanos y los comportamientos delictivos generalizados que se están desarrollando sin resistencia alguna. Sin una estructura judicial global no habrá globalización civilizada. Va a ser, sin embargo, una lucha larga y difícil por la oposición radical de los países poderosos a quienes molesta incluso la existencia de un tribunal penal internacional.

En el próximo XI Congreso de la Abogacía, que tendrá lugar en Vitoria el 6, 7 y 8 de Mayo, el tema central va a ser el de las nuevas exigencias para el abogado de estos tiempos, el “abogado 3.0” en sus muchas manifestaciones, un abogado que como declaraba recientemente en EXPANSIÓN Aldo Bulgarelli, presidente del Consejo de la Abogacía Europea, “debe reconquistar su espacio en la sociedad”. La relación entre derecho y tecnología, y derecho y ciencia será examinada con especial cuidado porque son dos ejes decisivos para toda la humanidad donde nuestra profesión no puede quedarse atrás y, aún peor, al margen. Y es eso, más o menos, lo que está sucediendo.

La abogacía española ha hecho un esfuerzo admirable en cuanto a institucionalización de las firmas y su internacionalización. Un esfuerzo claramente superior al de otras profesiones liberales que siguen estancadas en modelos antiguos. En estos momentos nuestra situación como centro jurídico es perfectamente comparable a la de los países más avanzados de la Europa continental. Pero sería peligroso quedarnos tranquilos. Como a todos los demás estamentos de la sociedad española nos ha llegado el momento de reconsiderar nuestro protagonismo en la sociedad y aumentar el nivel de exigencia lo cual solo puede lograrse analizando a fondo e incidiendo en nuestros déficit. Yo doy por seguro que lo haremos. Lo hemos hecho y lo sabremos hacer.