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El Decreto establece la definición, el alcance y las reglas generales de la actividad de asesoría, además de definir los perfiles y calidades del cliente y del producto, regular los conflictos de interés y regular la función que cumplen los organismos de autorregulación cuando los intermediarios de valores prestan asesoría a sus clientes. Adicionalmente, el Decreto prevé un régimen de transición de 1 año para que las entidades que prestan la actividad de asesoría puedan ajustarse a la normativa.

Este Decreto puede ser consultado en el siguiente link.