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El debate electoral, de cara a las municipales y autonómicas, se ha centrado, preferentemente, en lo político, con la vista puesta, además, en las próximas elecciones generales. Incluso en el ámbito municipal, en el que más importancia debería tener la personalidad de los candidatos y la influencia de sus proyectos para la vida cotidiana de los ciudadanos, los comicios se viven como una confrontación entre las grandes líneas de pensamiento político.

Quizás sean estas las elecciones municipales en las que más votantes van a decantar su voto en función de las siglas concurrentes y de los proyectos políticos por ellas auspiciados, sin conocer siquiera el nombre de los candidatos.

Es normal que los grandes temas económicos y sociales, por meras cuestiones competenciales, estén ajenos, en medida importante, a los debates municipales y autonómicos.

Aunque no faltan referencias a ellos, los aspectos más relevantes del empleo, del mercado de trabajo y de la actividad económica y empresarial quedan lejos de las preocupaciones principales de contendientes y votantes en estos comicios. Y, sin embargo, también en ellos nos jugamos mucho en lo que se refiere al crecimiento económico y al bienestar social. Ayuntamientos y comunidades autónomas, sobre todo estas, han tenido un papel determinante en la facilitación o el entorpecimiento de la actividad económica y de la consiguiente creación de riqueza.

Las trabas a la libertad económica (véase el caso de los horarios comerciales), los obstáculos a la unidad de mercado y el mantenimiento de la maraña administrativa de permisos, licencias y autorizaciones deberían ser valorados por los ciudadanos con conocimiento de causa y no sobre la base de las torpes excusas demagógicas esgrimidas por las Administraciones.

En particular, el mantenimiento de elefantiásicos aparatos administrativos, de costosos caprichos de todo tipo (con especial mención de las televisiones autonómicas y locales) y de un gasto público superfluo, que están en el origen de los incumplimientos de los compromisos de estabilidad presupuestaria, deberían explicarse a los ciudadanos para evitar el simplista contraste entre los partidarios de los recortes y los todavía entusiastas del que no falte de nada (aunque no se diga cómo haya que pagarlo).

El tema recaudatorio también llama la atención por su tendencia a pasar desapercibido. Los variados catastrazos que han perpetrado los municipios, el silencioso aumento del mal llamado impuesto de plusvalías municipales (que muchas veces grava minusvalías), las elevadas tasas medioambientales, recaudadas por empresas que unen al nombre del municipio la denominación limpia o natural, caen inmisericordes sobre los ciudadanos, pero nadie se plantea un debate esclarecedor al respecto.

En el ámbito autonómico, aunque los estudios de fiscalidad comparada son abundantes, en el debate político electoral su influencia es mínima. Llama la atención, por ejemplo, la poca relevancia que en las elecciones andaluzas tuvo el hecho de que Andalucía sea, con Cataluña, la comunidad de impuestos más elevados, a pesar de lo cual (o a causa de lo cual) sigue en la cola de todas las clasificaciones de progreso y bienestar.

Y si poca atención se presta al aspecto recaudatorio, menos se dedica al gasto público y a su composición. No hace falta estar imbuido del santo temor al déficit para poder, con un buen rotulador rojo, limpiar los presupuestos de partidas de gasto superfluo y asombrarse del resultado.

Mantener esas partidas, o pretender, como hacen algunas fuerzas emergentes, aumentarlas acosta del esfuerzo fiscal de la población puede llevar al hartazgo a quienes más contribuyen, con su trabajo y con su esfuerzo, y también asumiendo el riesgo empresarial, al desarrollo y al bienestar de la sociedad.

Las orientaciones de la política económica y la determinación del marco normativo laboral, que condicionan las decisiones económicas y empresariales, corresponden al Estado. Pero la actitud de las autoridades locales y autonómicas, sus políticas de gasto, su cumplimiento de los compromisos de estabilidad, su lealtad institucional, influirán decisivamente, junto a otros factores, como la fiscalidad y las facilidades administrativas, en las decisiones de inversión de las empresas.

Es cierto que hay autoridades y autoridades: contemplar a algunas de ellas encabezando manifestaciones contra decisiones empresariales dotadas de plena racionalidad económica y amparadas por la libertad de empresa, por una mal entendida defensa de los trabajadores o del territorio, es un espectáculo descorazonador si pretendemos ser un polo de atracción de inversiones y de talento. Y todas estas cuestiones deberían influir en la prevalencia de unos u otros colores en el arcoíris que nos depararán las urnas.