Eficacia en los Ayuntamientos
En las últimas semanas se han retomado las negociaciones entre representantes del Partido Popular y del Partido Socialista para intentar consensuar la reforma de las Administraciones locales. No se conocen detalles concretos de las propuestas que se han debatido pero sí sabemos las líneas maestras del anteproyecto que presentó el Ministro Montoro antes de verano, pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.
El núcleo de la reforma es la supresión de las competencias municipales “impropias” con el criterio de “una Administración, una competencia”, definiendo unas competencias municipales cerradas y bloqueadas. Concentrar el ejercicio de las competencias en una sola Administración pública es una medida lógica y permitirá mejorar la eficacia en el Sector público, tan necesaria en estos tiempos y en estos pagos. En términos económicos, esta “clarificación” de las competencias supondrá un ahorro para las arcas públicas que el Ministerio de Hacienda calcula en no menos de 3.500 millones de euros, tal vez más porque se estima que estos gastos en competencias impropias suponen aproximadamente el 25 por 100 del gasto municipal.
Me confieso partidario de la reforma del régimen local en pos de la eficacia pero tengo algunas dudas sobre las medidas propuestas.
La primera es saber si se van a eliminar de un plumazo todos estos gastos que hasta ahora vienen costeando los Ayuntamientos tan pronto se delimiten “ex novo” las competencias municipales. Confío en que esa única Administración competente analice con cuidado estos gastos que se vienen realizando y determine en cada caso si son imprescindibles o pueden ser eliminados. Porque no todos los gastos “impropios” responden a vedetismo político, sino que muchas veces dan respuesta a problemas graves que ninguna otra Administración atiende y que, precisamente por ello, el Ayuntamiento asume.
Por otra parte, el nombre que se le ha dado a estos gastos no me acaba de convencer e induce a error. Se quiere dar a entender que provienen de competencias impropias porque son propias de otras Administraciones, pero si se trata de la educación, sanidad y asistencia social, los Ayuntamientos, con la legislación actual, sí pueden intervenir legalmente en esas actividades y servicios. No son impropias sino compartidas. Cuestión distinta es que haga falta un nuevo reparto de las competencias entre las Administraciones, según ha propuesto el Tribunal de Cuentas.
En el otro sentido de la palabra, impropias podría evocar el ejercicio inadecuado de estas competencias por los Ayuntamientos. Cierto que muchos servicios municipales funcionan muy bien, pero forzoso es reconocer que el tamaño de la mayoría de los Municipios españoles resulta inadecuado para la prestación de los servicios en la actualidad porque la “planta municipal” data de antiguo. Pues bien, según datos de la Unión Europea, un Municipio es viable desde el punto de vista financiero y técnico partir de 5.000 habitantes. Seguramente este criterio ilustró la propuesta inicial, que hacía referencia a la fusión obligatoria de Municipios pequeños pero que parece abandonada. Los que sí van a extinguirse son las Entidades Locales Menores y otras que se encuentran en grave peligro de desaparición son las Mancomunidades.
Las Diputaciones, que fueron muy cuestionadas con el advenimiento de las Comunidades Autónomas, son las verdaderas triunfadoras en esta reforma. Saldrán reforzadas porque asumirán los servicios municipales obligatorios –o básicos-- en caso de que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes no los presten de forma eficiente. Exigir eficiencia en la gestión pública me parece absolutamente necesario, máxime en estos tiempos y para ello hace falta medir y contar lo que se hace y compararlo con un objetivo. Se fijarán ratios y estándares para determinar el nivel de calidad exigible y veremos entonces si los servicios locales están en buenas manos o se deben reasignar a las Diputaciones, que han demostrado ser, en términos generales, mejores gestoras. Esta eficacia, que debería exigirse también a las restantes Administraciones públicas, es una exigencia de nuestra Constitución y la única vía para preservar hasta donde podamos las conquistas del Estado del bienestar.
Más allá de la demagogia, la mejor gestión de los servicios no es monopolio de los gestores públicos o privados. No hay que tener miedo a la colaboración público-privada (o gestión indirecta de los servicios) porque la Administración sigue siendo quien define el proyecto, aprueba las tarifas y controla la prestación del contratista mientras que a éste le corresponde la ofrecer los servicios a los usuarios. La demonización de la gestión indirecta se argumenta en que, como los empresarios van a cobrar sus beneficios, se disminuirá la calidad del servicio. Pero si la elección del contratista es adecuada y si se controla la ejecución del contrato, el servicio tendrá la calidad pactada y con el ahorro que se pueda producir se podrá atender otras necesidades. Ahora no es momento de elucubrar sobre si deben “privatizarse” todos los servicios de contenido económico o deben prestarse todos ellos en régimen de gestión directa. No hace falta. El Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales de 1955, todavía vigente, contempla los dos sistemas y exige un complejo expediente que debe seguir la Administración para elegir una modalidad concreta caso a caso. El verdadero problema creo que ha sido la falta de control posterior de la calidad de las prestaciones, aspecto en que las Administraciones, en general, no han estado muy diligentes.
Otro contenido más bien tangencial de la reforma es la limitación del número de concejales y de los sueldos de los políticos “liberados” o con dedicación exclusiva. No se conseguirá un ahorro significativo a nivel macroeconómico pero el fomento de la ética política en absoluto es despreciable.
Sobre la necesidad de la reducción y bloqueo de las competencias municipales puede haber discrepancias; sobre la urgencia de exigir eficacia a las Administraciones públicas no debería haberlas.